Incompatibilidad del Presidente para integrar CRJ
La Ley 30943 que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia fue aprobada por el Congreso bajo pública presión de Vizcarra y amenaza inconstitucional de cierre, en contra del Orden Constitucional que garantiza la separación y autonomía de los Poderes del Estado.
El famoso Consejo estaría integrado por: “a) El Presidente de la República. b) El Presidente del Congreso de la República. c) El Presidente del Poder Judicial. d) El Fiscal de la Nación. e) El Presidente del Tribunal Constitucional. f) El Presidente de la Junta Nacional de Justicia. g) El Contralor General de la República. h) El Defensor del Pueblo.”
Bajo este mismo transgresor criterio, se podrían formar Consejos para la Reforma del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del cuestionado sistema electoral, con interventores de los otros Poderes; se institucionalizó la vulneración de la Constitución a base de extorsión política.
El presidente del TC, Ernesto Blume, acaba de dar un paso institucional al costado, advertimos en razón de que ya debe haber advertido la inconstitucionalidad de este engendro, que busca inequívocamente controlar políticamente la administración de justicia, como ya lo viene haciendo con la amenaza de conformar la Junta Nacional de Justicia, removedora de jueces y fiscales. El presidente del Poder Judicial, Dr. José Luis Lecaros, tímidamente plantea su preocupación de que Vizcarra haya sido “elegido” presidente del CRJ.
La incompatibilidad manifiesta de un presidente del Poder Ejecutivo para integrar un Consejo de Reforma Judicial estriba en el hecho de la separación y autonomía de los Poderes del Estado, que en el caso del Poder Judicial es el fiel de la balanza del sostenimiento de la vida democrática de la nación, y un pilar del Orden Constitucional taxativamente establecido por los artículos 43 y 139 inciso 2 de la Constitución.
Para colmo, Vizcarra tiene 46 denuncias penales como gobernador de Moquegua y ministro, sin contar la de Chinchero y muchas otras del ‘Club de la Construcción’ en camino, en las que está involucrada la empresa Graña y Montero de la cual ha sido apoderado, es decir su representante de máxima confianza, lo cual explica su negociación incompatible en apoyar el lesivo acuerdo con Odebrecht y garantizar la impunidad de sus consorciadas.
Estas denuncias lo inhabilitan para ser Presidente de la República y lo descalifican para integrar y menos presidir un órgano de reforma del Poder Judicial, que deberá juzgarlo.
