Incentivo presupuestal contra la corrupción y la perversidad burocrática

En marzo pasado el Ministerio de Economía y Finanzas afrontó una cuestión crucial para el orden presupuestario con el DS 043-2022 EF, que indica que a partir del 2023 todo recurso recaudado por las entidades públicas formará parte del Tesoro Público. La medida causa una buena impresión si se compara con el resto de los desastres del gobierno, dado que se ocupa de eliminar el mal uso de los recursos en las entidades públicas y acaba con la impulsiva creación de nuevas tasas, derechos administrativos o sanciones que establecen para obtener más ingresos directos.

La lista comprende cerca de 300 unidades ejecutoras de entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo, y Judicial, así como el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, el Reniec, Sunarp y muchas otras. El común denominador, aún vigente el 2022, está en la capacidad de estas entidades de generar cargas administrativas innecesarias, que proliferan en papeleos y trámites para obtener ingresos a favor de las mismas. En las cifras del 2021, si comparamos el presupuesto de apertura (7.3 mil millones de soles) con el total recaudado (11 mil millones de soles), tenemos casi 3 mil millones y medio de soles adicionales de recaudación directa por parte de las entidades públicas. Un excedente que se explica por las partidas presupuestales de otros ingresos, derechos administrativos y saldos anteriores.

El humor negativo de estas entidades saldrá a la luz cuando intenten suspender la aplicación de la norma. A nadie le gusta que le quiten la gallina de huevos de oro, aún así se sepa que está mal. Desde hace 30 años existe un “incentivo perverso” para que el funcionario público siga generando nuevos trámites burocráticos y no le importa que estas trabas reduzcan el crecimiento económico. Por ello, se necesitan estrategias en contra de la presión por impedir la ejecución de la norma, más aún cuando el congresista Guido Bellido ha solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros que la derogue porque tiene mucho interés en el presupuesto de la Dirección de Cultura de Cusco.

La trampa del “incentivo perverso” se convierte en corrupción cuando el dinero sobra y es mal usado por quienes saben sacarle la vuelta la norma. Ocurre con frecuencia tan pronto ciertos corsarios políticos van más allá de los límites de control del MEF. En concreto, los sindicatos de las entidades públicas consiguen bonos extraordinarios por medio de negociaciones colectivas y arbitrajes que cuestan más 2 millones de soles al Estado. Una multiplicidad de bonos con más de 900 tipos de conceptos, como San Valentín, Día de la Madre, vacaciones y otros que sólo benefician al 20% de los funcionarios públicos.

Hasta el momento, el MEF ha seguido la enseñanza de Mahatma Gandhi “El futuro depende de lo que hagas hoy”. Si el ministro Graham continúa pensando así, entonces debe presentar este mes un Plan Presupuestal al Congreso que permita erradicar de manera definitiva toda voluntad corrupta y perversidad burocrática que intente suspender la norma para continuar generando más ingresos directamente recaudados.

Una fórmula viable es que el MEF cree un incentivo presupuestal para promover la competitividad, basado en un sistema de recompensas a las entidades públicas que busquen servir mejor y usen eficientemente sus recursos. La idea de tener una Caja Única se entiende mejor si tiene un propósito que es el de modernizar el Estado. Esto implica la creación de incentivos al ahorro presupuestal, agilizar la gestión del servidor público simplificando trámites y reduciendo barreras burocráticas, así como aplicar de manera efectiva las buenas prácticas de gobierno contra la corrupción. Se trata de que los resultados hablen por la entidad pública a fin de obtener incentivos, premios y presupuesto por lograr impactos positivos en la ciudadanía. Como decía el nadador olímpico Michael Phelps, “No voy a predecir la historia, pero nada es imposible”.

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