¡Impunidad para nadie!

El halo de impunidad que se percibe del Perú en la Comunidad Internacional en materia de Derechos Humanos es preocupante, ser vistos como un país que siendo Estado parte en los Tratados Internacionales a este respecto, no esté a la altura de las responsabilidades asumidas en su defensa, protección y sanciones a quienes los vulneren.

Las lamentables muertes ocurridas en el contexto de las protestas sociales cuando se dio la sucesión presidencial ante el autogolpe de Pedro Castillo por el cual le sustituyó en el cargo Dina Boluarte, si bien son materia de investigación por parte de los operadores de justicia en el fuero común, que gozan de autonomía y cuyo trabajo debe estar alejado de cualquier tipo de influencia o interferencia, máxime política, nada impide que los órganos de fiscalización, de inspectoría, de los fueros de la policía y las Fuerzas Armadas, evalúen los sucesos acaecidos y verifiquen si se actuó en las zonas de conflicto social en estricto cumplimiento de los Protocolos Reglamentarios para proteger la vida de los ciudadanos y la no interrupción de los servicios públicos, por si las protestas se tornasen violentas y peligrase la integridad de las personas, la propiedad pública y privada y el libre tránsito, como en muchos casos vimos que pasó, no obstante en ningún escenario, es claro, se permite y menos aún justifique, el uso desproporcionado de la fuerza pública para el restablecimiento del Orden Interno, lo que habría sucedido en determinados casos a juzgar por las evidencias, esto es, videos, testimonios y lo más contundente aún, los protocolos de necropsia de las víctimas, que dan cuenta del uso de armas de fuego, lo que no estuvo autorizado si nos atenemos a la versión oficial del Poder Ejecutivo, razón de más para que a estas alturas de las muertes, existan ya sanciones a los responsables, además de la cobardía de haberse baleado por la espalda a los civiles, varios de los cuales ni siquiera tuvieron parte en los hechos vandálicos.

Asimismo, existen responsabilidades políticas no asumidas, ni un solo gesto de contrición por los caídos, que sumado a la falta de sanciones ha empañado la imagen de nuestro país en el exterior, de lo cual se aprovechan los Castillo Lovers y la izquierda radical, fieles al dicho "A río revuelto ganancia de pescadores".

En suma, castigo ejemplarizado a quienes desde su rol tutelar de la Defensa Nacional vulneraron los derechos humanos de las personas durante las protestas de los últimos meses, como también a los autores intelectuales y materiales y azuzadores del desgobierno producido en el Perú con costos humanos y económicos. ¡IMPUNIDAD PARA NADIE!

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