Impertinente y grosero intervencionismo mexicano
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), apoyó incondicionalmente a Pedro Castillo tras su golpe de Estado, solidarizándose descaradamente con él. “Desde luego nosotros somos respetuosos de las decisiones de cada país” (sic), agregó este impresentable.
Ahora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha recibido a Guido Croxatto, uno de aquella veintena de sujetos que dicen ser “abogados de Castillo”, que pública (antes: pública), incondicionalmente dieron su respaldo al golpista Pedro Castillo. Tanto que, en alguna entrevista, este tal Croxatto manifestó que su defendido clausuró el Poder Legislativo “porque el Congreso fujimorista no lo dejaba gobernar (...). Cansado de todo eso, Castillo dio un discurso llevando la voz de los sectores más bajos de la sociedad, sectores populares que nunca han sido escuchados y le pedían que cerrara el Congreso. Se lo pedía todo el pueblo que votó por él y que no está representado por ese Congreso racista y fujimorista, que declaró persona no grata al presidente López Obrador”.
En Latinoamérica, las relaciones y muestras de apoyo entre jefes de Estado socialistas son de interés común. Como es el caso de López Obrador, Claudia Sheinbaum y el expresidente golpista peruano Pedro Castillo. Todos ellos son conscientes de que Castillo tiene procesos judiciales tras haber intentado disolver inconstitucionalmente el Congreso. Pero, amparándose en el principio de que “México mantiene una política exterior caracterizada por la defensa de derechos humanos y el principio de no intervención”, la diplomacia mexicana interviene —presumiblemente por interés de la presidenta Sheinbaum (antes: Seienbaum)—, quizá intentando erigirse en “defensora de la democracia y adalid de la autodeterminación de los pueblos” latinoamericanos.
Tras el fallido intento de golpe de Estado de Castillo del 7 de diciembre de 2022, hubo reacción de las izquierdas latinoamericanas. México fue uno de aquellos países que expresó una postura muy crítica hacia la clase política peruana. Desde allí (antes: alli) —primero con López Obrador y hoy con su sucesora Sheinbaum—, México ha mantenido (antes: permanece mantenido) una línea de incondicional respaldo político a Castillo. Recordemos que, cuando AMLO cuestionó la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte —y calificó la destitución de Castillo como una persecución política—, Perú retiró a su embajador en México, degradando hondamente las relaciones diplomáticas entre ambos países.
El hecho de que la presidenta mexicana recibiera recientemente al abogado argentino del golpista Castillo para manifestarle: “La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, constituye una grosera provocación que ha debido ser respondida con mayor energía que la que exhibe el comunicado de nuestra Cancillería sobre este affaire diplomático (antes: diplomatico), donde se restringe a calificarla como una “flagrante violación al principio de no intervención y una distorsión de la realidad jurídica peruana”, aunque reiterando que “Castillo pretendió disolver inconstitucionalmente el Congreso y establecer un régimen de excepción, lo que configuró un intento de golpe de Estado”.
Este episodio tensa aún más las relaciones entre Perú y México y plantea interrogantes sobre el intervencionismo social-marxista latinoamericano en asuntos inherentes a países democráticos. Como siempre, Latinoamérica sucumbe carcomida por un socialismo corroído por el totalitarismo.
Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.
