Impacto de la covid-19 sobre los bosques
A casi dos años de la covid-19 en nuestro país la situación de los bosques amazónicos es incierta. ¿Se estarán quedando los bosques vacíos? Algunos investigadores del tema pensaron que con la pandemia se reduciría la deforestación de los bosques amazónicos que comprenden departamentos como Loreto, San Martín, Junín, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas. Pero las cifras nos enfrentan a otra realidad. En el 2020 se han perdido 203,272 ha de bosques, la cifra más alta que ocurre en los últimos 20 años.
También la institución Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) sostuvo que este resultado es un retroceso a las decisiones y trabajos de las diversas organizaciones que realizan en contra de la deforestación. Para el 2021 se prevé un panorama similar o peor, pues el propio Ministerio del Ambiente ha reconocido que cerca del 37% de la madera que se extrae de los bosques peruanos es ilegal.
Este retroceso, pone en peligro acuerdos con países como Noruega, Alemania y Reino Unido que tienen comprometido un financiamiento para el Perú hasta por US$ 200 millones con el fin de reducir los niveles de deforestación hacia el 2025, bajo un enfoque de pago por resultados. ¿Qué está haciendo el Gobierno al respecto? Aún no hay respuestas y así se dejan de lado las ventajas que significan conservar los bosques ya que contribuyen con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como servicios ecosistémicos que mejoran la calidad de vida de las poblaciones locales, recuerda DAR.
Para esta época del año ya se debería haber avanzado con infraestructura vial que no impacte el bosque, frenar el avance de la frontera agrícola en la Amazonia al mejorar la productividad de las áreas deforestadas, capacitar y asistir técnicamente a las comunidades vecinas en cuanto manejo forestal y ofrecer seguridad. Entonces, aún queda por realizar un enorme trabajo.
Asimismo, sensibilizar al mercado nacional es importante con el fin de evitar compras informales de madera, al destacar el origen legal de lo que se adquiere, así como un mejor control y supervisión de aserraderos y depósitos en el país. Obviamente, la comunicación de las organizaciones implicadas debe ser muy clara y llegar a todos los ciudadanos para crear conciencia del problema si se compra madera ilegal. El Estado tiene un trabajo pendiente tanto a nivel administrativo para simplificar los requisitos según la realidad de los pequeños productores, así como social al dar asistencia técnica en cada paso para la venta legal de madera, advierten especialistas. Solo así trabajando desde varios frentes, se protege el ambiente y se podrían evitar futuras pandemias.
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