Ignorancia inexcusable… ¿o mal intencionada?
El jueves 25 de abril pasado se conoció, por una nota de prensa del Tribunal Constitucional (TC) que éste se había pronunciado en relación a la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República (CR) contra el Poder Judicial (PJ) en el sentido de admitir a trámite la demanda; declarar, por mayoría de cinco votos contra dos, fundada en parte la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de la resolución emitida por una sala superior limeña que, dentro de un proceso de amparo, había otorgado una medida cautelar en favor de los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia que el 8 de marzo de 2024 habían sido inhabilitados por el Parlamento nacional, por infracción a la Constitución Política; y por último, de restablecer la vigencia de las resoluciones legislativas Nos. 008 y 009- 2023-2024-CR y dejar sin efecto la reposición de los magistrados beneficiados en sede judicial.
En resumen, por una medida cautelar ordenada por el TC (máxima instancia nacional cuya decisión agota la vía interna) quedaba sin efecto otra medida cautelar dispuesta por un tribunal judicial de nivel intermedio. La medida cautelar es por su naturaleza temporal y no define el fondo de la controversia.
Ahora bien, el TC suspende la cautelar que beneficiaba a los magistrados de la JNJ inhabilitados hasta que la Corte Suprema resuelva la apelación que el CR tenía ya presentada. El TC dispone tal suspensión, expresamente habilitado por el Art. 110° del Nuevo Código Procesal Constitucional que señala que “El demandante puede solicitar (el CR así lo hizo) al Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto…éste (obviamente el propio TC) podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional.”
Siempre he sostenido, y mantengo la convicción, de que tanto el Derecho como la Política suponen materia opinable. Sin embargo, estimo que hay límites de sindéresis o capacidad natural para juzgar rectamente. Es por ello que considero lamentables los pronunciamientos ajenos a toda ponderación emitidos por personas que ejercen como abogados, incluso en sede constitucional, y hasta el colegio de abogados de la capital del país, que en ánimo evidente –y perverso– de confundir a la opinión pública quieren hacer creer el TC está subordinado al PJ, y afirman que está interfiriendo en un proceso judicial en trámite.
Lamentable compadrazgo que exhibe sin pudor la nefasta caviarada, que busca su propio beneficio personal y de grupo aprovechándose del Estado sin un mínimo respeto a las normas constitucionales y legales que lo regulan.
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