Hoja de vida o prontuario

Cuando hay cambio de Gobierno, sea nacional, regional o local, es perfectamente lógico y también usual, que existan cambios en la planta de altos funcionarios y de asesores, que tienen el carácter de cargos de confianza.

No se trata de todos los funcionarios y asesores, sino de unos cuantos que deben tener cercanía con el titular (sin nepotismo), como por ejemplo viceministros, secretarios generales, gerentes municipales, directores de empresas públicas y algunos otros cargos, pero sin exagerar la nota pues debe existir la carrera pública, con funcionarios que pertenecen a la institución y permanecen en ella, por más que cambie su principal responsable, pues debe mantenerse la carrera pública, para que no se vea afectada por los vaivenes que tiene la actividad política.

Al hacerse público los nombramientos, sea a través del diario oficial “El Peruano” o por el portal institucional del respectivo ministerio u organismo público, muchas veces nos encontramos con desagradables sorpresas, al verificar que se ha nombrado para altísimos cargos a personas que no solamente no tienen el perfil, conocimiento y nivel adecuado para la función que se les encomienda, sino que su prestigio está por los suelos, la hoja de vida o curriculum vitae parecería que fue sustituida por un prontuario de antecedentes judiciales y/o policiales.

Lo expuesto es de horror, pues como los medios de prensa tienen muchas veces sus departamentos de investigaciones periodísticas, de inmediato escudriñan en los antecedentes de cada persona nombrada, para ver si tiene “anticuchos” como se dice en la jerga criolla y coloquial, y nos muestran que en algunos o en muchos casos, tienen más anticuchos que la conocidísima “Señora Grimaneza”.

Por supuesto que las indagaciones de la prensa se dan a conocer a sus lectores, radioyentes, televidentes y seguidores en redes, lo que ocasiona por lo general dos molestas situaciones. Una es el desprestigio de la autoridad que nombró por no haber tenido el tino de haber hecho las indagaciones y comprobaciones que correspondían y, la otra, las protestas que en todos los tonos expresan los ciudadanos, gobernados, administrados y vecinos, para que se cambie a la persona o personas que no merecen el puesto para el que se les ha nombrado y que muchas veces por los antecedentes descubiertos, se tendrá las sospechas que en el nuevo cargo incurrirán en actos de corrupción como también de ineptitud, ambas situaciones evidentemente dañan a la administración y a los administrados.

Lo señalado ocurre en casi todos los gobiernos, no es exclusividad de ninguno, aunque hay gobiernos que son reiterantes en tan mala práctica de no hacer las investigaciones de los antecedentes de quienes pretende nombrar para cargos públicos. Para ello tienen los registros de antecedentes policiales y judiciales, los registros de deudores de pensiones alimenticias, los informes de la Contraloría General de la República, los archivos de la Procuraduría General de la Nación, los archivos periodísticos y como sino fuere todo ello poco, pueden hacerlo a través de Google y Wikipedia. ¡Créanlo, no es difícil!

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