Historia de una imperdonable traición
El escándalo de Graciela Villacís ejerciendo de correveidile entre El Comercio y dos resplandecientes fiscaletes –Vela Barba y Pérez Gómez– es apenas un incidente en la centenaria vida del otrora gran diario del país. Aquello fue por culpa de quien, hasta hace pocos años, ejercía las veces de mayor accionista individual de El Comercio. Hablamos de José Graña Miró Quesada, con quien ambos fiscaletes –José Domingo Pérez Gómez y Rafael Vela Barba– pactaron un acuerdo secreto de ayuda mutua por orden de su exjefe, entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, reunidos con sucesivos directores de ese medio. Al efecto, los fiscales proveerían a El Comercio toda información relevante del affaire Lava Jato (consecuentemente, poniendo al tanto del proceso a Graña Miró Quesada, autodeclarado ladrón que robó a escondidas decenas de millones de dólares a los peruanos); y a cambio, El Comercio defendería con uñas y dientes la “integridad moral” del Ministerio Público. Por cierto, aparte de exclusividad, los representantes del Ministerio Público facilitarían en directo al diario de La Rifa las primicias que obtendrían en Perú y Brasil sobre el affaire Odebrecht. Por su lado El Comercio se comprometió a blindar a ambos fiscales al margen de la ley, quienes pactaron un sospechosísimo CONVENIO SECRETO con Odebrecht, fruto envenenado que embrujó a esos supuestos guardianes de la justicia. ¡Porque el Pacto escondía la exoneración del cobro de cientos, acaso miles de millones de dólares por el Estado peruano a la constructora brasileña! Ese incidente fariseo, refleja la errada travesía que emprendió El Comercio durante la década del noventa del siglo pasado, cuando decidió multiplicar su valor patrimonial aliándose con la escoria caviar. Quiso convertirse en lo que nunca fue: socio de ineptos magnates y capataz de operadores de la Justicia de turno, afanado por imitar a sus similares de los grandes medios latinoamericanos. Es decir, volviéndose una máquina de hacer dinero rápido. Pero lo que El Comercio obtuvo, por todo haber, fue transformarse en otro de esos grandes diarios de esta región que, hoy, van camino directo a extinguirse.
Incluso un operador de la Fiscalía llamado Jaime Villanueva –francotirador y eventualmente vocero de los caviares (de quienes El Comercio es, desde inicios de siglo, impulsor oficioso)– ha remecido no solamente los cimientos del Estado, sino los despachos de la llamada gran prensa; cantándoles las verdades sobre el desecho que es ahora el Ministerio Público peruano. Precisamente, de donde El Comercio y La República son voceros oficiosos, difundiendo sólo hechos que interesan informar a la poderosa maquinaria caviar, que controla los hilos de lo que queda de la fiscalía peruana. Ambos periódicos se abocan a convertir en verdades las “fake news” que surgen de las entrañas de nuestra corrupta Fiscalía de la Nación. Todo este espectáculo, gracias a otra siniestra figura: Gustavo Gorriti, quien se desempeña como el verdadero jerarca de nuestro Ministerio Público.
¿Cómo es posible que un señero periódico, como El Comercio, se haya prestado a destruir al Estado peruano de modo tan artero?
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