Hay que separar la elección presidencial de la congresal
Frente al alto número de partidos políticos ya inscritos en la OROP (Oficina de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones) y, por lo tanto, en condiciones de poder presentar candidatos, tanto a la presidencia de la república como al órgano legislativo, se hace necesario evaluar la necesidad de establecer que en fechas diferentes se lleve a cabo la elección del jefe de Estado (en primera vuelta) y, posteriormente, la de los congresistas.
Pues, en aras de la tantas veces mencionada gobernabilidad, y en consideración a la evidente dispersión del voto que se producirá por la elevada cantidad de agrupaciones políticas, dando lugar a que quien salga elegido para dirigir el Poder Ejecutivo difícilmente pueda conseguir una mayoría parlamentaria que le permita estar en condiciones de contar con la producción legislativa necesaria para ejecutar sus decisiones, se requiere generar condiciones políticas que garanticen una labor coordinada entre el órgano administrador del Estado y el Congreso.
Y es que la multiplicidad de organizaciones políticas se verá reflejada en la cantidad de representantes que tenga cada una de ellas en el Poder Legislativo, y que en la realidad constituyan ser, al final, múltiples simples minorías, obligándolas a tener que “transar”, se supone, para hacer gobernable el Parlamento, pero sometidos, en la gran mayoría de las veces, a los acuerdos interpartidarios, en los que prime el interés personal o de agrupación partidaria, en lugar del interés general, que es el que debe primar en el manejo del poder político.
Una manera de conseguir que la voluntad ciudadana, reflejada a través del voto, se oriente a lograr que el Poder Ejecutivo cuente con un mejor manejo en su toma de decisiones, compartiendo su responsabilidad con el ente que le proporciona la normatividad necesaria para posibilitarlas, es asegurar que la presidencia de la república tenga una primera mayoría, que puede ser relativa, pero que le permita llevar a cabo sus propuestas.
Para este efecto, primero debe llevarse a cabo únicamente la elección del primer mandatario de la nación que, como sabemos, la fórmula presidencial que postule podrá ganar en primera vuelta siempre y cuando obtenga más del cincuenta por ciento de los votos válidos y, de no ser así, serán las dos candidaturas que obtengan las dos más altas mayorías relativas las que, en segunda vuelta, compitan por alcanzar la elección definitiva.
Precisamente, en la segunda votación presidencial, en la que se puede sumar la elección parlamentaria, es de suponer que la ciudadanía, al momento de votar, tendrá que considerar la necesidad de darle a la jefatura del Estado la capacidad de conducción de la administración estatal, procurándole la seguridad de contar con una mayoría en el Congreso que asegure la mencionada gobernabilidad, sin perjuicio de su facultad de control y fiscalización que tienen, como responsabilidad política, los representantes congresales.
Esta es una necesidad que no se puede dejar pasar por alto; pues, luego de haberse aprobado el retorno a la bicameralidad, de la cual estamos de acuerdo, pero que se consiguió con un muy alto grado de ilegitimidad, por cuanto la gran mayoría de la población, por falta de información, está en total desacuerdo, es menester reorientar el accionar electoral, permitiendo que se den las condiciones para que el votante pueda decidir mejor al momento de sufragar.
Al respecto, asimismo, no se debe dejar de tomar en cuenta que, inclusive, hasta las disposiciones contenidas en la reforma constitucional que recupera el sistema de dos cámaras contienen normativas que favorecen de manera evidente a algunos actuales parlamentarios, evidenciándose, una vez más, que el interés personal ha primado sobre el interés general. Qué pena; pero esa es la realidad.
En consecuencia, ahí está la propuesta, sobre la cual esperemos pueda servir de estímulo o de llamada de atención para asegurarnos una estabilidad política de la que hoy carecemos.
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