Hay que legislar en función del interés general

Cuando se escuchan comentarios en el sentido de que, respecto a la forma de cómo se está desarrollando la dinámica política en el Perú, de que se han juntado “el hambre y la necesidad”, como fuente de inspiración de la forma de cómo se conducen los integrantes del Ejecutivo y del Legislativo, pareciera que existe una interpretación correcta, en la medida de que las decisiones que se producen de uno y de otro lado, únicamente sirven para satisfacer las aspiraciones personales y/o de grupo y no así.
Según se dice, “para promover la descentralización fiscal e incentivar el desarrollo de los gobiernos locales”, con el aval del sector de Economía y Finanzas, los legisladores han aprobado duplicar el Impuesto de Promoción Municipal, orientado a incrementar el Fondo de Compensación Municipal (Foncomún) que, según lo ha calificado el “Diario Expreso” en el “Informe Especial” de su edición del día de ayer, “el MEF se entrega al Parlamento y destruye 20 años de estabilidad” económica, dando lugar a que los “Municipios, sin capacidad de gasto, recibirán S/. 10 mil millones más… ¿para qué?”
No se requiere ser economista, y yo no lo soy, para darnos cuenta de que, como bien lo señala en su portada el Expreso, diario que nos otorga el honor de concederme este espacio, pareciera que existe una “Alianza bajo la mesa: Gobierno y Congreso reparten el IGV como botín electoral”.
Todo ello, por cierto, dejando de lado el más elemental de los principios en los que se debe de sustentar el manejo de la administración del Estado, cual es el de que, ante todo y sobre todo, el interés general debe primar sobre el interés de las organizaciones políticas y sobre las aspiraciones personales de sus integrantes.
Pues, no es necesario ser especialista en temas económicos y financieros, y solo se necesita tener “dos dedos de frente”, para darnos cuenta y preguntarnos ¿cómo es posible que, estando comprobado el bajísimo porcentaje de ejecución presupuestaria que exhiben la casi totalidad de los municipios distritales y provinciales, se les quiera dar más dinero disponible, para “no hacer nada”?
Pareciera ser que, la falta de idoneidad y/o capacidad para producir normas es la característica que acompaña, como fuente de inspiración, la labor de la administración del Estado y del trabajo legislativo, motivándonos a preguntarnos si se está pensando en el Perú y su pueblo o se acciona prefiriendo garantizar la aspiración individual o de la agrupación política que los llevó a ejercer el poder.
Hasta estos momentos y por la forma de cómo se vienen produciendo las leyes, todo nos lleva a confirmar que se continúa legislando a espaldas de la población.
Si a lo anotado anteriormente agregamos el alto índice de corrupción que caracteriza, en casi todos los ámbitos y niveles, el aparato estatal, estamos frente a que, con la mayor disponibilidad de dinero al alcance de los gobiernos municipales, casi con toda seguridad se incrementarán también los actos de corrupción.
Ojalá que me equivoque. La responsabilidad de las autoridades, tanto nacionales como subnacionales, cuyo término de su mandato ya está cerca, debe ser el de tratar de dejar la realidad política, social y económica de nuestro querido Perú mejor de cómo la encontraron, cuando asumieron el cargo.
Si no estamos seguros de que así será, al pueblo peruano le queda la oportunidad de corregir errores y equivocaciones en las próximas elecciones generales, y las que vendrán luego, las municipales y regionales; ya que el voto es el primer y último instrumento que nos permite encontrar un camino distinto que nos lleve a una meta diferente y mejor de la que hoy día tenemos.

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