¿Hasta cuándo soportaremos?

El Perú atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. El Congreso ya no acumula escándalos, ahora es un escándalo en sí mismo. La corrupción, el abuso de poder y la descomposición institucional no solo están deslegitimando nuestras instituciones, sino que también erosionan la confianza ciudadana y comprometen nuestro futuro como sociedad. Si no actuamos ahora, todos perderemos.
El caso de la presunta red de prostitución en el Congreso es un ejemplo atroz de cómo nuestras instituciones han sido secuestradas para intereses oscuros. La muerte de Andrea Vidal Gómez, exasesora en el Congreso, ha destapado acusaciones que involucran a altos funcionarios, incluido el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Lo que debería ser el corazón de nuestra democracia se ha transformado en un espacio para el abuso y la explotación, elevando la desconfianza ciudadana en las instituciones, pero además confirmando que quienes se encuentran laborando en el edificio del centro de Lima no representan ni nuestros ideales políticos ni nuestros valores.
En paralelo, el programa Qali Warma, diseñado para alimentar a los niños más vulnerables del país, ha sido usado como vehículo de corrupción sin que pase nada. Por ello, es indignante aún la implicación de figuras cercanas al poder, como Fredy Hinojosa, exdirector del programa y portavoz de la presidenta Dina Boluarte, quien apenas tiene 3% de aprobación ciudadana.
Estos casos son más que escándalos aislados; son síntomas de una crisis estructural que afecta a todos los sectores de nuestra sociedad. Y aquí es donde debemos reflexionar: Claramente nos asquea todo lo que está pasando, pero ¿por qué seguimos tolerando este nivel de descomposición? ¿O nos hemos acostumbrado a vivir así?
El empresariado tiene un papel fundamental como actor social en este escenario. Durante mucho tiempo, los empresarios han evitado involucrarse activamente en los debates políticos, relegando esas discusiones a los partidos y sus líderes. Sin embargo, esta actitud de indiferencia no solo es insostenible, sino peligrosa. Las instituciones débiles no solo afectan a los ciudadanos; también limitan el desarrollo económico, la inversión y la estabilidad social. El caos no trae paz.
El empresariado no puede ni debe convertirse en un simple espectador ante la descomposición de las instituciones. No se trata de entrar al juego político partidario ni de hacer lobby para intereses particulares, sino de asumir un rol activo como defensor de la democracia y de la integridad. Como actores sociales, los empresarios tienen la capacidad —y la responsabilidad— de promover reformas estructurales que fortalezcan las instituciones, reduzcan la fragmentación política y fomenten la transparencia, pero además de levantar la voz ante tanta podredumbre.
El costo de la inacción es altísimo. Una democracia débil, corrupta y fragmentada es tierra fértil para la desconfianza y el retroceso. Si las instituciones no funcionan, el tejido social se rompe y las oportunidades de desarrollo se desvanecen. El empresariado, los gremios y la sociedad civil tienen el poder de ser catalizadores del cambio. La historia nos juzgará por lo que hicimos o dejamos de hacer en este momento crucial.

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