¿Hasta cuándo, Pérez?

Como ya es casi un estilo personal, que nadie en el Ministerio Público se atreve a discutir, menos a enmendar —¿quizás porque su padrino o mentor tiene demasiado poder a partir de tener grabados a tirios y troyanos de toda la administración de justicia, léase jueces y fiscales de todo nivel, especialmente de los más altos?—, el fiscal a cargo del proceso de investigación del llamado “caso cócteles” vuelve a la carga en plena época electoral, presentando nueva acusación, sin aportar prueba alguna, sin que las personas involucradas (reducidas casi a una treintena) sean debidamente notificadas y deban enterarse de detalles, incompleta y confusamente compartidos —ufano hasta el exceso— por el funcionario de mínimo nivel en los medios de prensa que le son afines.
Esta vez se agrega el horror jurídico y afrenta a los principios del debido proceso, de que la acusación se hace sin tener a la vista el expediente, que se encontraba en manos del juez que tenía que resolver —y resolvió, casi simultáneamente con la nueva majadería fiscal— la nulidad de todo lo actuado en casi 10 años de investigación.
Se agrega también, y todo apunta a que la nueva acusación pretende ser una cortina de humo, el escándalo de la muerte, en circunstancias aún no esclarecidas, de un potencial colaborador eficaz, como dije hace una semana, “congelado” como aspirante pese a que corroborar sus dichos era casi una repetición de lo que la misma alcaldesa de Lima entre 2011 y 2014, principal responsable de los graves actos de corrupción, ya tiene aceptado y está plasmado en las condiciones y plazos ventajosos otorgados a los que le facilitaron decenas de millones de dólares.
Lo cierto es que con la desaparición de quien sería un potente elemento de cargo, se ha visto mermada la acción del Estado para castigar aquella corrupción de ejecución continuada, pues afecta, día a día, a millones de peruanos que, para movilizarse, deben pagar tarifas abusivamente elevadas, que son un recordatorio del favorecimiento criminal a los concesionarios en pago por la millonada que le facilitaron a Villarán y compañía.
Hasta el momento no han valido los pedidos para que el fiscal Pérez sea apartado, por evidente carencia de imparcialidad y de capacidad, de un caso que afectó en su libertad a varias personas y sigue afectando, en su tranquilidad y economía, a muchas otras más.
En 10 años de proceso investigatorio le han sido devueltas —por defectuosas— más de veinte acusaciones similares a la que ahora presenta. Todo un récord para vergüenza nacional.

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