¿Hasta cuándo de justicia retorcida?
A punto de terminar el año 2019 y de comenzar el 2020, presenciamos en esta última semana un frenesí de audiencias con motivo del expediente fiscal armado contra Keiko Fujimori, centenares de personas entre directivos, aportantes, no aportantes del partido Fuerza Popular y hasta contra la propia organización política, por supuesto delito de lavado de activos y otros ilícitos que incluso se van agregando cada cierto tiempo.
Ese frenesí, busca revertir la libertad recién concedida a Keiko por el Tribunal Constitucional luego de constatar la violación de su derecho a la libertad personal con una injusta prisión preventiva de más de 14 meses. Se demuestra que el objetivo del fiscal del quicio ausente, es únicamente afectar en sus derechos fundamentales a la lideresa del partido político opositor al gobierno. Con ello, la ficha y quien la mueve buscan, sin duda, un objetivo político, ajeno a la administración de justicia.
La investigación camina hacia su tercer año, sin lograr elemento alguno objetivo, siquiera indiciario, del delito principal invocado para iniciarla, no solo en cuanto a los supuestos de la figura delictiva, sino también respecto a la responsabilidad de los investigados Baste señalar que no se ha acreditado el supuesto básico referido al origen ilícito de los fondos que alegadamente (tampoco está acreditada la entrega) fueron aportados.
Por ello es que hasta el momento ni siquiera hay formalizada acusación alguna. Ello porque no hay materia, no hay caso, pese a tanto disfuerzo de los fiscales a cargo, viajes ida y vuelta a Brasil incluidos; pese a tanta filtración indebida de información reservada a medios de comunicación dedicados a hostigar al fujimorismo, previo pago de centenares de millones en avisaje estatal; pese a los 524 millones de soles regalados a Odebrecht, dizque para que sus funcionarios corruptores hablen (en verdad parece más bien para que no empapelen a algún funcionario hoy empoderado); pese a las prebendas obtenidas del gobierno por allegados a ciertos fiscales y a la policía política que los ayuda a intimidar a los investigados y a conseguir declaraciones que incluso se contradicen; pese al hostigamiento y amenaza a los abogados a cargo de la defensa técnica de los investigados.
En el culmen del despropósito, el último sábado, el fiscal de los excesos espetó sin más que Fuerza Popular fue creada (¡con 250 mil adherentes y 7 mil afiliados!) para pedir y lavar aportes pese a reconocer minutos después que los mayores aportantes se acercaron al partido espontáneamente.
Como que ya se sobrepasó todo límite, ¿no?
