Guerra sucia contra la Policía Nacional del Perú

La muerte injusta de dos jóvenes en las últimas marchas, que dieron lugar a una crisis que enrumbó al Partido Morado a la captura de la Presidencia de la República, ha generado la necesidad de iniciar una profunda investigación a nivel del Ministerio Público contra quienes azuzaron a la violencia. ¿Acaso dentro de sus planes para capturar o recobrar el poder estuvo planeado generar tanta violencia hasta que alguna persona, que acudió legítimamente a manifestarse en contra del anterior gobierno perdiera la vida? Tan sólo pensarlo resulta macabro, pero no está alejado de lo que sucedió en nuestro país, pues días previos ya se anunciaba la inminente caída de Manuel Merino. Como consecuencia de las protestas se produjeron dos muertes, al parecer nos encontraríamos ante asesinatos a la carta, cuyo instigador y participantes merecen terminar sus días tras las rejas. Claro está, luego de un debido proceso.

Truncar dos proyectos de vida prometedores y causar tanto dolor en sus familias no puede quedar impune, si bien se ha desatado una guerra sucia para responsabilizar a la Policía Nacional del Perú (PNP), día a día se va disipando esta imputación que fue formulada por periodistas de forma inmediata a los hechos, sin contar con ningún elemento de convicción por lo menos revelador que permitieran arribar a dicha conclusión. Pero aún, cuando es evidente y verificable que la PNP no usa armas letales y las que se habrían empleado son para caza que se comercializan sin restricciones.

Julio Guzmán debe encabezar la indagación en condición de investigado, porque fue él quien en persona llamó a la violencia en pleno estado de emergencia por la pandemia. Se debe averiguar exhaustivamente para determinar su participación, sus comunicaciones y como es que finalmente tuvo el control para generar terror, y pudiera haber sido usada como arma de negociación para que un miembro de su partido llegue a la palacio, gracias a los votos de aterrados congresistas. De esta manera resulta muy conveniente buscar un culpable, que sí lo hay, y debe pagar con años en la cárcel, pero luego de un proceso producto de una investigación prolija a cargo del Ministerio Público y no satanizar a una institución como la PNP, que si bien cobran un sueldo producto de los impuestos que pagamos todos, el trabajo que realizan implica poner en riesgo su vida e integridad a diario por cuidarnos, incluso en condiciones de suma precariedad.