Guerra entre antiguos aliados
Por más de 12 días Bolivia está sumida en una crisis política y social, desencadenada por la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de inhabilitar al expresidente Evo Morales como candidato para las elecciones de 2025. En respuesta, los seguidores de Morales bloquearon la principal carretera que conecta La Paz con Santa Cruz, liderados por campesinos afines a Morales, paralizando al país.
La medida genera consecuencias económicas y sociales, escasez de combustible, aumento de precios y pérdidas estimadas en 600 millones de dólares. Luis Arce, actual presidente, antes aliado de Morales, se enfrenta a un movimiento que lo tilda de “traidor”. A pesar de la presión, el Gobierno ha optado por no reprimir los bloqueos, considerándolos parte de la cultura política del país y confiando en su disolución durante los carnavales.
Las demandas de los manifestantes exigen la renuncia de los tribunales judiciales del país, empezando por el TCP. Pero el Gobierno sostiene que la verdadera intención es anular la sentencia constitucional 1010/2023, que impide a un presidente gobernar más de dos veces, de forma continua o discontinua, sentencia que sacó de la contienda a Evo Morales.
El conflicto se intensifica con campesinos afines a Morales radicalizando las protestas con más bloqueos. “Estamos cansados de la justicia boliviana, que solo hace trampas”, declara un manifestante. Pero el Gobierno acusa a los cocaleros de Morales en el Chapare por estar detrás de los cortes.
En medio de esta crisis, el gremio empresarial ha presentado un proyecto de ley para sancionar con cárcel los bloqueos de rutas argumentando pérdidas a los productores y comerciantes. Pero el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, defiende los bloqueos como parte de la cultura boliviana, señalando que hay que evaluar la razón detrás de los mismos.
El pedido de renuncia de los altos tribunales se basa en la ilegalidad de sus mandatos que vencieron el 31 de diciembre de 2023. Pero la sentencia que inhabilita a Morales se emite días antes. Además, extendieron los mandatos judiciales hasta que el Parlamento organizara elecciones judiciales, que debieron llevarse a cabo en 2023, pero la Asamblea Legislativa no logró convocarlas, generando tensiones.
Una comisión legislativa multipartidaria, con la participación a regañadientes del oficialismo, intenta debatir una ley de consenso para realizar las elecciones judiciales lo antes posible. Pero, el TCP emitió un fallo obstaculizando este esfuerzo, ordenando a los legisladores no considerar la ley sin aceptar primero la prórroga de los mandatos judiciales. La decisión ha dividido aún más a los partidos políticos, dificultando la solución al conflicto.
La represión se intensifica, con acusaciones de “dictadura del Tribunal Constitucional” por intentar someter al Parlamento a su voluntad. El expresidente y líder opositor Carlos Mesa denunció estas acciones como amenaza al sistema democrático, señalando que el TCP ha sobrepasado los límites de legalidad, ética y racionalidad.
Bolivia, único país de la región que elige a sus altos magistrados mediante elecciones, se encuentra inmerso en una nueva crisis política, social y judicial, sumada a las graves dificultades económicas. La incertidumbre sobre el futuro institucional y la convocatoria a elecciones judiciales muestra un conflicto que parece estar lejos de resolverse con la consecuente inestabilidad.
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