Gravísimo, estamos perdiendo soberanía
Mientras Boluarte y el Congreso pierden legitimidad popular, está ocurriendo algo muy grave que pocos advierten: el Perú está en proceso de pérdida de soberanía y desintegración territorial.
Primero preocupa la penetración de las llamadas Fuerzas Revolucionarias de Colombia – Facción Perú (FARC – EP) en la franja comprendida en las provincias loretanas de Ramón Castilla y el Putumayo. La presencia de los subversivos extranjeros, ahora disidentes de la guerrilla que firmó la paz interna colombiana en el 2016, se remonta al año 2002. Inicialmente utilizaban el territorio como zona de repliegue y descanso, pero actualmente administran campos de cultivo de coca y producción de cocaína, esclavizando a pobladores peruanos, especialmente niños y jóvenes que no encuentran apoyo de nuestras autoridades. Hace dos semanas hubo enfrentamientos con efectivos de la Marina de Guerra, lo cual es gravísimo, pero el gobierno de Lima sigue sin decidir una política de Estado radical. Mientras tanto, estamos replegados.
Las FARC – EP tienen nexos demostrados con el Militarizado Partido Comunista Peruano (SL) que ataca periódicamente en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), un territorio de 4 millones de hectáreas que implican a 43 distritos controlados por el narcotráfico; donde el gobierno de Castillo retiró las bases militares y la actual fiscal de la Nación ha reconvertido a las fiscalías de prevención del delito en simples “defensoras de los derechos humanos”. Un complot que incide en pérdida de soberanía interna.
Luego, la provincia de Purús está abandonada totalmente por el Estado, lo cual ha motivado a unos tres mil pobladores a iniciar su anexión al Brasil, potencia que hoy ya subsidia a los nativos y los está integrando a su territorio.
En Puno, pese a operativos mínimos de control policial, la frontera está infiltrada por bolivianos que trafican contrabando en la ruta Desaguadero - Moquegua - Tacna; y la influencia comunista de Evo Morales insiste en una escisión territorial peruana.
Y en la Cordillera del Cóndor (hasta donde se proyecta el corredor minero que comienza en Pataz) los mineros ilegales que operan con impunidad son ecuatorianos.
Pese a la gravedad del problema, ningún político en campaña plantea soluciones, la gran prensa oculta los hechos y no hay una reacción institucional drástica. Pero no podemos aceptar la pérdida territorial. Con o sin vacancia presidencial, las FFAA deben tomar el control político-militar de las zonas en emergencia y preservar la seguridad de la patria.
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