Golpismo puro, presidente Vizcarra
Existe una inobjetable condición ciudadana para la convivencia en armonía y progreso en cualquier sociedad democrática. Esta empieza por la vigencia de un Estado que la represente; el derecho del pueblo a elegir libremente a sus autoridades; la existencia de una Carta Magna refrendada por la voluntad popular; y, por encima de todo ello, el compromiso indiscutible de los pobladores de respetar la majestad de sus autoridades honrando la jerarquía constitucional. Primero el jefe de Estado, luego los legisladores, los magistrados, los ministros, etc.
En este orden de cosas, recordemos que nuestra sociedad elige democráticamente a sus autoridades políticas: presidente de la República y congresistas. Y que justamente ese acto democrático implica respetar las reglas del juego. Entre estas que de acuerdo a la Constitución la elección es por el plazo de cinco años. Ni uno más, ni uno menos. Salvo las causales estipuladas en la Carta. Otra, también vertebral, es que aquel que pretenda cambiar estos preceptos por cualquier motivo –alegando causas no previstas en la Constitución– incurrirá en el delito penado de quebrantamiento constitucional.
Dicho esto, analicemos con serenidad los hechos ocurridos este lunes en la Comisión de Defensa del Legislativo. Asistió el ministro del Interior –miembro de la Policía– junto con el equipo de aquella palaciega división policial –Diviac– creada durante el paso del progre-marxista Carlos Basombrío por dicho ministerio. Para empezar, por mero orden constitucional los congresistas allí presentes merecían el respeto pleno del ministro como del comandante y demás miembros policiales asistentes a la convocatoria. Es más, por mandato constitucional el Parlamento es uno de los tres poderes del Estado. Y dentro de sus funciones está la de controlar al Poder Ejecutivo, del cual dependen el ministro y los miembros policiales citados, precisamente, a una audiencia de control. Por lo tanto los legisladores tenían plena potestad para interrogarlos por lo que fuere. Claro, los policías –incluido el ministro– están acostumbrados más bien a ser sólo ellos quienes interrogan. Incluso en sendas ocasiones utilizando métodos que ofenden no solamente el honor, sino sobre todo la dignidad de sus interrogados. De otro lado los parlamentarios tienen todo el derecho a preguntar, repreguntar, comentar –inclusive a suponer y plantear coyunturas que puedan incomodar al interrogado– sobre el tema de agenda. ¡Si lo hacen cuando inquieren a sus pares, ¿cómo no hacerlo con terceros?!
No obstante, los integrantes de la Diviac convocados al Legislativo –hasta el ministro del Interior– acudieron con una actitud arrogante, intolerante, sin respeto al escalafón constitucional de los integrantes de un poder del Estado como el Congreso, facultados legítimamente para interrogar a la totalidad de autoridades políticas de este país. Y si aquello incomodó a los policías, pues su formación profesional debió asimilarlo como parte de sus funciones. Porque, ante todo, ellos son servidores públicos. Algo que no quieren comprender muchos jefes policiales. Sobre todo aquellos que conforman este cuerpo “elite”. Sin embargo, quebrantando todo límite tolerable el presidente Vizcarra volvió a arremeter contra el Congreso, imputándoles a los legisladores la ignominia de “agresores de la Policía”. ¡Golpismo puro!
