Gimnasia jurídica del caviar Abad para defender a la JNJ
En lo que va de la investigación en la Comisión de Justicia del Congreso a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ya ha quedado demostrado que estos magistrados actúan en grupo, de forma colegiada, como dirían los letrados. Y esta revelación es sumamente importante para ir conociendo la responsabilidad de cada uno en cuanto a la permanencia de Inés Tello, quien tiene 78 años, a pesar de que la Constitución –y la ley orgánica de la entidad vizcarrista– indica palmariamente que un miembro de la JNJ cesa (no vaca) a los 75 años.
Si se confirma, pues, que TODOS los juntitas estuvieron de acuerdo en usurpar las funciones del Tribunal Constitucional e interpretar la Carta Magna para que Tello no sea jubilada, estamos hablando de una falta gravísima, que no solo implica a la magistrada, sino a sus colegas cómplices, los cuales tranquilamente podrían terminar siendo destituidos, si es que el Parlamento alcanza los 87 votos, cifra para nada sencilla de conseguir (es el mismo número de adhesiones que se pide para la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente).
Menciono que quienes conforman la JNJ actúan en conjunto porque comparten defensa: el caviar Samuel Abad, que solicitó al grupo de Justicia que la investigación no se desarrolle caso por caso (para procurar el debido proceso), sino en paquete. Esto fue rechazado por la comisión congresal y se optó por individualizar caso por caso, tal como recomendaron reconocidos juristas que consulté en sendas entrevistas publicadas en este diario.
La defensa esgrimida por Abad, por cierto, es pura gimnasia jurídica. El abogado izquierdista dijo que el pronunciamiento colegiado de la JNJ para evitar que la exfiscal Zoraida Ávalos sea inhabilitada por el Legislativo está enmarcado en el derecho a la libertad de expresión. Se equivoca, dado que los juntistas no son ciudadanos cualesquiera, sino funcionarios que, eventualmente, hubieran podido investigar o no ratificar (ninguna de estas dos cosas sucedió) a Ávalos. El adelanto de opinión a favor de la extitular del Ministerio Público fue evidente.
También Abad cuestionó que la Constitución o la ley orgánica de la JNJ no especifique cuáles son las causas graves para destituir a los juntistas. Eso es imposible. No se puede elaborar una lista de lavandería con todas las faltas porque siempre faltaría alguna. En este caso no se trata de comprobar un delito, sino que es el Congreso el que, luego de una indagación, determinará cuál es la falta grave y si es que corresponde la destitución de quienes incurrieron en ella.
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