Gasoducto Sur Peruano: ocho años de errores

A ocho años del colapso del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), lo que queda no es solo una infraestructura abandonada y custodiada a alto costo, sino también una serie de decisiones políticas y técnicas que hoy le pasan factura al Estado peruano, tanto en lo económico como en lo reputacional.
La génesis del problema se remonta a enero de 2017, cuando venció la concesión del GSP sin que el consorcio liderado por Odebrecht y Enagás hubiera conseguido el cierre financiero del proyecto. Esta falta de garantía financiera, a pesar de haber ejecutado parte significativa de la infraestructura, reflejaba un grave error de planificación y supervisión. El Estado, al aceptar estas condiciones, avaló tácitamente que se construyera “bajo cuenta y riesgo” sin los respaldos suficientes. El resultado: una carta fianza ejecutada por 260 millones de dólares y una infraestructura cuya titularidad y destino quedaron en el limbo.
En respuesta a la crisis, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), con su entonces ministro de Energía y Minas Gonzalo Tamayo y el resto del gabinete, aprobó el Decreto de Urgencia 001-2017. Este comprometía al Estado a pagar el Valor Contable Neto de los bienes del GSP, calculado en alrededor de 2,000 millones de dólares. La idea era sensata: proteger los activos estratégicos del país. Pero el problema fue la inacción posterior. Lo acordado no se cumplió.
Al no efectuarse el pago comprometido en enero de 2018, el Estado abrió la puerta a costosas demandas internacionales. Hoy, Enagás ya ha obtenido un laudo favorable en el CIADI por 300 millones de dólares (incluyendo la reconsideración) y se anticipa uno aún mayor por parte de Odebrecht, estimado en 1,100 millones.
Peor aún: durante estos ocho años, el Estado ha custodiado los bienes del GSP con un costo acumulado de 400 millones de dólares, superando ampliamente el monto de la carta fianza inicial. Es decir, no solo no se pagó lo acordado a tiempo, sino que además se continuó gastando en activos inmovilizados sin aprovecharlos ni tener una hoja de ruta clara.
Esto es una muestra clara de ineficiencia pública y de cómo la falta de decisiones oportunas y coherentes pueden convertir una inversión estratégica en una pesada carga fiscal.
El caso GSP revela un patrón dolorosamente común en la gestión de grandes proyectos en el Perú: se empieza sin tener todos los elementos críticos cerrados, se improvisa en momentos de crisis, y se termina pagando mucho más por no tomar decisiones valientes en su debido momento. Hoy no solo estamos ante una pérdida económica concreta —más de 1,800 millones de dólares si sumamos la carta fianza, los laudos y los costos de custodia— sino también ante un precedente legal y político que deja al Estado expuesto y debilitado frente a futuros conflictos contractuales.
El GSP pudo ser una piedra angular para el desarrollo energético del sur del país. Hoy, es un monumento a la desidia y la falta de visión.

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