Gas en Piura y potencial acusación al ministro Ísmodes
Una década de actuaciones controvertidas en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) es el origen de que hoy Piura sea la única región de la costa peruana sin concesión de distribución de gas natural (GN) por ductos. Han pasado por la cartera de la dependencia de la Avenida Las Artes, nueve ministros y el impase continúa.
El problema reside en que, existiendo un proceso judicial desde el año 2011 planteado por la empresa Gastalsa, a quien en el año 2009 se le caducó la concesión de distribución del distrito de Pariñas de la provincia de Talara, el Minem aceptó en el 2016 un proceso de otorgamiento de concesión por solicitud de parte para la región Piura, superponiéndose a la que estaba en litigio en el distrito de Pariñas donde se ubica el principal cliente de la región: la Refinería de Talara, de propiedad de Petroperú.
Lo que ha estado en tela de juicio desde el 2016 ha sido la decisión de aceptar un proceso de concesión habiendo causa judicial pendiente de por medio. Abogados constitucionalistas manifiestan que los titulares del Minem han incurrido en infracción del artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política, que señala respecto de la independencia del ejercicio de la función Jurisdiccional que “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.
Este tema ha sido la razón por la cual los cinco ministros anteriores al actual, no decidieran el otorgamiento de la concesión a la peticionaria, la empresa de capitales colombianos Gasnorp, cuya propietaria es la conocida Promigás, socia de Cálidda y propietaria de Quavii, ambas distribuidoras de GN.
Sorprendió que el 14 de agosto pasado, estando pendiente el pronunciamiento del Juzgado Civil de Talara sobre el litigio entre Gastalsa y el Minem, se publique la Resolución Suprema 007-2019-EM con la firma del ministro Francisco Ísmodes y del mandatario, Martín Vizcarra, otorgando la concesión a la empresa Gasnorp y autorizando al director general de Hidrocarburos a la firma del contrato, lo que no se ha cristalizado a la fecha.
El Congreso tiene la palabra sobre la acusación constitucional del ministro Ísmodes y el correlato judicial a los funcionarios que han avalado la decisión.
