Funcionarios públicos violan normas legales en agravio de trabajadores

Las pensiones de jubilación de los trabajadores se pagan con los fondos económicos que han aportado durante su vida laboral dependiente y subordinada a un empleador, sea a la Oficina de Normalización Previsional –ONP– (D.L. N°19990) o al Sistema Privado de Pensiones en una Administradora de Fondo de Pensiones –AFP–.

Dichas aportaciones son mediante descuentos mensuales de un porcentaje de la remuneración mensual del trabajador que debe hacer el empleador y que consta en las planillas mensuales, sumas de dinero que el empleador debe obligatoriamente depositar cada mes en cuentas personales del servidor en la ONP o AFP.

Para los afiliados a la ONP el descuento es del 13% y para la AFP 13% (desdoblado en 11,97% para los fondos jubilatorios del trabajador y el saldo para gastos administrativos de la AFP). Por ende, la pensión jubilatoria de un trabajador se hace con su propio dinero más los rendimientos de inversiones que se hayan acumulado en los años de servicio.

El patrono sea de la actividad privada o pública no aporta nada para la jubilación del trabajador. Los indicados descuentos deben imprescindible y obligatoriamente depositarse en las cuentas jubilatorias del trabajador dentro del término que se fije legalmente (Artículo 11° del D.L. N°19990). Es necesario resaltar que las sumas de dinero por los descuentos para jubilación no son propiedad del empleador, por tanto, si en plazos pertinentes no los deposita en la ONP o AFP, el patrono se estará apropiando de dinero que no es suyo sino para el fondo jubilatorio de sus servidores dependientes. En otras palabras, eso estaría tipificado como delito contra el patrimonio en agravio del trabajador.

Se supone que los empleadores deben cumplirlo. También las entidades públicas lo deben hacer porque lo que han descontado para jubilación no es dinero de “ese” empleador público.

Asombrosamente resulta que entidades de gobierno no vienen depositando los descuentos de sus trabajadores para la ONP o las AFP: están actuando ilegalmente. Esas instituciones públicas deben entregar la totalidad de sumas que durante mucho tiempo han descontado a los trabajadores.

Lamentablemente no se ha denunciado a los funcionarios públicos que no han cumplido con depositar cada mes esos fondos. Es insólito que esosfuncionarios públicos -muchos de alto rango– no cumplan con las normas legales vigentes y ¡lamentablemente! ni los ministros ni congresistas dicen nada de ese virtual apoderamiento de los fondos jubilatorios.
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