Fue golpe de Estado, no meros anuncios

Vergüenza ajena dan los argumentos de la defensa técnica del vacado presidente del Perú, Pedro Castillo, aprendiz de sátrapa (“Que abusa de su poder o de su autoridad”, según la RAE), recogidos en carta dirigida al presidente de México, Andrés López Obrador solicitando asilo, en cuya parte pertinente dice textualmente: “pretenden procesarlo por meros anuncios de voluntad o intención que no configuran ningún ilícito penal”, refiriéndose a la situación legal de Castillo como resultado de quebrantar el Orden Constitucional del país, disponiendo la disolución del Congreso de la República y la interferencia en la autonomía de los órganos que conforman el Sistema de Justicia, entre ellos el Poder Judicial, el pasado 7 de diciembre, todo lo cual causó indignación y desconcierto en la ciudadanía y autoridades que se portaron a la altura de la circunstancias, rechazando y condenando públicamente sin medias tintas lo que a la verdad había sucedido, un GOLPE DE ESTADO, porque eso es lo que fue, independientemente de que no haya sido secundado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del PERÚ, entidades gravitantes para el éxito de una medida así, ilegal desde todo punto de vista.

El “breve” dictador y su cuestionable defensa legal, aún no procesan, no asimilan que ya no están en el poder, que pueden fabricar narrativas negacionistas desde su otrora posición privilegiada que hagan creer que Pedro Castillo (y quienes azuzaron la suicida decisión), sólo incurrió en un juego de palabras, un mero anuncio de voluntad, una intención, pero nada más. ¿Nada más?, no señor, es INMORAL, ÍRRITO, el pretender banalizar, trivializar, una medida hecha pública en señal abierta (IRTP), por parte de un jefe del Estado en funciones, la que en consecuencia tendrá carácter de oficial, medida que a los efectos buscaba reunir en el titular del Ejecutivo, todos los poderes públicos, osando en la práctica acallar y en su caso, intervenir los poderes y organismos que lo investigan a él y a su entorno, por graves indicios de corrupción, sin que exista ninguna norma constitucional y/o jurídica que respalde tamaña tropelía, como lo ha advertido no sólo el Ministerio Público, sino también y de forma cuasi unánime, la Comunidad Internacional (con excepción de México), incluida la propia OEA, que fustigó la alteración del Orden Constitucional en el Perú, catalogándolo de “repudiable y condenable”.

Mención especial para la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien con sus magistrados y personal se atrincheraron y protegieron los principales expedientes de las causas del gobierno de Castillo, ante la eventualidad que los desaparecieran; también el civismo de los ciudadanos, que no debiendo obediencia al aprendiz de usurpador, bloquearon el acceso a las vías donde discurría la movilidad que lo llevaba a una embajada para fugar de la acción de la justicia y, por supuesto, el papel de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se jugó el todo, en la persecución del delito, enfrentándose al poder político de turno. Fue un GOLPE DE ESTADO, no meras palabritas.

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