Frontera Perú – Ecuador: urgente desafío
El pasado domingo 13 de abril se realizó la segunda vuelta electoral en Ecuador, alzándose con la victoria el actual presidente constitucional de ese vecino país, Daniel Noboa.
El holgado triunfo de Noboa supone para su país la confirmación de una tendencia: el hartazgo de la mayoría de la población de medidas populistas y paliativos que no solucionan los problemas de fondo de su sociedad, y por supuesto, de la corrupción en sus niveles más altos.
Esa corrupción que ha infestado a gran parte de la clase política y que, enquistada en los sucesivos gobiernos de izquierda, ha permitido la proliferación del narcotráfico y la criminalidad, llevando al Ecuador de ser uno de los países más seguros y estables de la región a uno de los más peligrosos, en donde el crimen organizado campea, llegando incluso al asesinato de uno de los candidatos presidenciales en 2023.
Siendo Daniel Noboa un presidente “de tránsito” desde hace año y medio hasta los últimos comicios, ha implementado una estrategia de seguridad frontal que podrá optimizar en los próximos cuatro años. En ese sentido, esto le da al Perú una clara oportunidad en lo que a lucha contra la criminalidad se refiere. Un gobierno ecuatoriano con la voluntad política de luchar sin tregua contra las bandas criminales que azotan el país, tanto en el ámbito urbano como en el rural debería ser un gran aliado en nuestra confrontación contra esos mismos grupos, considerando que las diferentes bandas criminales operan tanto en Perú como en Ecuador y Colombia, teniendo conexión con remanentes de organizaciones narcoterroristas colombianas (grupos armados organizados residuales GAOR), cárteles mexicanos y grupos criminales venezolanos y brasileros.
El Perú comparte con Ecuador una frontera de 1529 Km de longitud en una geografía diversa y heterogénea, que incluyen la zona costera del Pacífico, la Cordillera del Cóndor y la densa y vasta región amazónica. Dentro de esta región fronteriza, especialmente en la parte de selva operan grupos criminales armados que han tomado posesión de “áreas liberadas” en donde se producen todo tipo de ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas y varios etcéteras más.
Esta problemática afecta a millones de personas en ambos lados de la frontera, suscitando temor y desplazamientos obligatorios de poblaciones enteras, o lo que es peor, participación de las comunidades en las actividades ilícitas de manera directa o indirecta. Un endurecimiento de la política contra la criminalidad por parte de Ecuador, de manera unilateral, probablemente “empujará” a los grupos criminales a instalarse de manera permanente en nuestro territorio; es por eso que es imprescindible una política bilateral, conjunta, integral y coordinada en la que no solamente se persiga y capture a los que cometen ilícitos, sino también que se implemente el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador, cuyas bases y directivas ya han sido redactadas pero que en materia de ejecución se ha realizado muy poco.
Hasta hace unas décadas, Ecuador tenía pretensiones territoriales con el Perú, e intentó arrebatarnos parte del suelo patrio a través de conflictos armados (1941, 1981, 1991 y 1995) sin poder conseguirlo, gracias al accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Con la firma del Acta de Brasilia (1998) las relaciones con el vecino país se normalizaron y se han fortalecido el comercio y la cooperación. Hoy, 30 años después del último conflicto, nuevamente está en riesgo nuestra soberanía y seguridad nacional por bandas criminales transnacionales que pretenden (y en algunos casos logran) convertir la región fronteriza en zonas en las que puedan desarrollar impunemente sus actividades delictivas, depredando el medio ambiente y afectando a las poblaciones locales.
Es deber del actual gobierno y del que coja la posta a partir del 28 de julio de 2026 ejecutar acciones conjuntas con el gobierno ecuatoriano para erradicar la criminalidad transnacional en toda la región fronteriza. Tomemos en cuenta que la inseguridad ciudadana que se vive actualmente en los dos países, en muchos casos tienen sus orígenes en las actividades criminales en esa región, que contiene zonas alejadas y de difícil acceso, es por eso y por la población de esas zonas que debe ejecutarse de manera expedita el plan binacional antes mencionado y actuar de manera directa y coordinada contra el crimen organizado.
Por José Krebs Millares
(*) Capitán de Navío (r) AP
Especialista en Geopolítica, Seguridad y Defensa
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