FMI exige a Perú garantizar independencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)

“Fenece el capitalismo salvaje y adviene la era del capitalismo humano post coronavirus”. (Henry Kissinger).
Coronavirus, pandemia que puso en cuidados intensivos a toda la población mundial, calculada en 7,300 millones.
Los vientos de la racionalidad empiezan a predominar en el mundo sobre los arcaicos vientos brutales del “hombre lobo del hombre”. (Hobbes).
Estos nuevos vientos son la fuerza principal que hasta ahora mantienen exitosamente al Perú como Estado de derecho y en estos momentos exigen garantizarse al órgano principal de la justicia (JNJ).
En los meses y días que estuvo de Presidente Castillo, la ONU notificó al Perú de que debe evitar de degenerar de Estado de derecho en un Estado anti Derecho; es decir, respetar el resultado de las elecciones, el plazo presidencial y la autonomía de los poderes del Estado. La ONU envió a la Sra. Bachelet, Jefe de la Alta Comisión de Derechos Humanos y leyó la exigencia en el Salón protocolar de Palacio de Gobierno.
Con la nueva Presidenta Boluarte, la ONU acaba de mandar una Comisión Especial del FMI, Comisión que exige garantizar la independencia de la JNJ.
Que la notificación sea hecha, esta vez, a través del FMI, significa que la sanción, de ejecutarse, sería dejar al Perú fuera del sistema financiero internacional.
La ciudadanía peruana, sus intelectuales, partidos políticos y la misma Presidenta, no saben defenderse, por lo que, como un escudo cada vez más infranqueable aparecen estos principios de legalidad, legitimidad, moralidad ; y la misma Constitución de Fujimori resulta un obstáculo legal infranqueable para el anti Derecho.
El artículo 117 de la Constitución establece que el Presidente de la República en ejercicio, únicamente puede ser acusado por prevaricato, impedir elecciones, disolver el Congreso y dificultar al JNE; en consecuencia, la Presidenta de la República debe rechazar las citaciones judiciales y los intentos de interpelación a la que está citándola el Congreso. Tendría que recibirlas, recién en agosto del 2026.
Equivocadamente, se está sosteniendo que el Poder Judicial no debe cuestionar las resoluciones de los otros poderes y especialmente del Congreso. No es así, pues, en el artículo 100 de la Constitución, se consigna expresa y textualmente que es obligatoria la intervención del Fiscal de la Nación y de la Corte Suprema cuando dichas resoluciones del Congreso tienen connotaciones penales.
Presidenta Boluarte: Olvídese de las citaciones y dedíquese a formar un equipo de personalidades de patriotismo cabal, que abundan en el país.

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