Fintech en el Perú

El ecosistema fintech peruano ha crecido aceleradamente en los últimos años, impulsado por la transformación digital, el acceso masivo a smartphones y una necesidad estructural de inclusión financiera. Plataformas de pagos, préstamos digitales, seguros “on demand” y modelos de “crowdfunding” ya forman parte del día a día de miles de peruanos. Sin embargo, este avance no ha ido acompañado de un marco legal integral que brinde seguridad jurídica, tanto para los operadores como para los usuarios.
En el centro de este debate se encuentra la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entidad que ha venido optando por una estrategia de regulación progresiva y prudencial, en lugar de impulsar una “ley fintech” como sí han hecho otros países de la región. Su enfoque ha sido incorporar de manera gradual a los modelos tecnológicos dentro del sistema regulatorio vigente, priorizando el principio de proporcionalidad y el enfoque basado en riesgos.
Actualmente, muchas fintechs operan sin licencia o bajo estructuras contractuales que no encajan del todo en las categorías tradicionales definidas por la Ley General del Sistema Financiero (LGSC). Esto ha generado un entorno de incertidumbre legal que, si bien ha permitido cierta flexibilidad para innovar, también expone a los usuarios a riesgos en materia de protección de datos, ciberseguridad o transparencia en la información.
La SBS ha venido emitiendo regulaciones sectoriales puntuales —como las relacionadas al dinero electrónico y los pagos digitales— y ha anunciado su interés en implementar un sandbox regulatorio que permita a startups y nuevos actores operar bajo supervisión limitada, mientras se evalúan sus modelos de negocio. Este instrumento, utilizado en países como Colombia o Brasil, puede ser clave para cerrar la brecha entre innovación y supervisión efectiva.
Sin embargo, el reto es mayor. La falta de una política nacional articulada en torno a la innovación financiera —que incluya a la SBS, el BCRP, la UIF, y otras entidades como Indecopi y la Autoridad Nacional de Protección de Datos— genera superposición de criterios, vacíos normativos y barreras de entrada poco claras para nuevos actores. Mientras tanto, el Congreso ya ha recibido iniciativas para regular el “crowdfunding”, los criptoactivos o el “open banking”, muchas de ellas sin una visión sistémica.
¿Es necesaria una ley fintech en Perú? Tal vez no en términos de una ley única, pero sí de una reforma coordinada y multisectorial que permita adaptar la arquitectura jurídica existente a los nuevos modelos digitales. Esto incluye modificar la LGSC, robustecer la regulación SPLAFT frente a fintechs no supervisadas y establecer parámetros mínimos de transparencia, gobernanza tecnológica y protección del consumidor financiero.
El desafío para la SBS y demás autoridades no es solo normativo, sino también estratégico: construir un marco que promueva la innovación sin sacrificar la estabilidad financiera ni la confianza del usuario. Si lo logra, Perú puede posicionarse como un hub fintech regional. Pero para eso, las reglas del juego deben estar claras.

Por Eduardo Linares Yabar

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