Feminicidio, problema social y de salud pública

En el Perú el feminicidio es un grave problema social que puede considerarse un problema de salud pública. La violencia que lo precede en muchos casos se da en el marco de la pareja o de relaciones personales.

A pesar de que este fenómeno social ha estado presente a lo largo de la historia, aún existen falencias en su reconocimiento social. Es un problema que transgrede moral, física y psicológicamente a la víctima, previo a su muerte, a sus familiares y a su entorno social.

Para la salud pública como campo interdisciplinario, el reto es innovar en políticas públicas y programas para un abordaje integral, dada la complejidad de este problema social, que trascienda el enfoque tradicional. Es posible avanzar desde la formación crítica, para la transformación de prácticas institucionales actuando tanto en entidades estatales como en instituciones profesionales y técnicas.

En el año 2023, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) ha identificado 165 casos de feminicidio frente a los 147 casos reportados en 2022. En relación al año 2022 se produjo un aumento de casos, por lo que se ha observado un ascenso de 12,2%. ¿Se puede decir que con estas cifras la situación de violencia de género en el país está mejorando?

La viceministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, declaró sobre el feminicidio: “Lamentablemente, la violencia se perpetra en el interior de las relaciones más cercanas, y allí se necesita la intervención de terceros”. Y también añade: “Lo que queremos es que el entorno de las posibles víctimas, que ya están siendo víctimas de alguna modalidad de violencia y están en alto riesgo de vivir un feminicidio, se pronuncien para darles soporte y apoyo, y pedir ayuda por ellas”.

Esto evidencia que las diversas medidas enfocadas en prevenir esta forma de violencia extrema no están siendo efectivas. Lo que agrava aún más la situación son los altos índices de impunidad, ya que en muchas ocasiones las víctimas han denunciado otros tipos de violencia, antes de ser asesinadas. Aquí el Estado, a través de sus operadores de justicia, tiene que desplegar políticas y acciones para su especial protección. Esta situación resulta insuficiente dada la cantidad de mujeres que mueren en manos de sus agresores.

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está reconocido en el ámbito internacional, en numerosos tratados y pactos de derechos humanos, y en el ámbito nacional, en distintas leyes que contienen disposiciones orientadas a erradicar prácticas de violencia, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a denunciar e investigar ese tipo de sucesos, a sancionar a las personas responsables y a brindar asistencia integral a las víctimas y/o supervivientes.

Este derecho es un derecho indivisible e interdependiente de otros derechos humanos, y para que sea efectivo en la práctica, es necesario que el Estado asegure el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
Luchemos contra todo tipo de violencia y corrupción a nivel personal y social, especialmente por la realidad social que vivimos en nuestro Estado.

(*) Escritor, sociólogo y analista político. Consultor Internacional en Derechos Humanos para VIACTEC.

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