Faltan tres largos años...

Corresponde a la nueva mesa directiva desplegar un esfuerzo responsable de concertación con todas las bancadas para así construir una agenda legislativa de calidad y recuperar espacios ante una opinión pública desengañada.

Recordemos que, de acuerdo a la encuestadora CPI, más del 80 % de personas desaprueban al Congreso y esa cifra se eleva a 90 % en el interior del país, al igual que sucede con el Gobierno.
Un objetivo debería ser sacar adelante algunos cambios en el texto fundamental.

En esa línea, debería derogarse la demagógica reforma del artículo 90 de la Carta, impulsada por el exmandatario Martín Vizcarra, que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios, disposición que impide a políticos prestigiosos y de experiencia repetir su mandato como ocurre en todas las democracias del mundo.

Por esa malhadada norma hoy tenemos una mayoría de parlamentarios bisoños, inexpertos, de bajo nivel político, algunos involucrados en ruidosos escándalos que merman la deteriorada imagen institucional.

También es indispensable permitir la renuncia de un legislador. En todos los países del hemisferio prima ese criterio, lo mismo que en USA, Canadá y Europa, donde se establece que quienes se retiran son reemplazados por el suplente y, en algunos casos, convocan a elecciones complementarias con ese propósito.

Más aún, para arrostrar el transfuguismo los legisladores que cambien de bancada deberían ser sustituidos por quien lo sigue en orden de precedencia para así respetar el voto de los electores, porque constituye una farsa que personas electas por un movimiento o partido se pasen a otro, que muchas veces tiene ideas completamente opuestas a las que se comprometieron defender.

Igualmente, debe establecerse que sólo corresponde al Parlamento determinar una cuestión de confianza, como ha resuelto el Tribunal Constitucional. Es importante, asimismo, regular el reemplazo del jefe de Estado cuando no estén hábiles los vicepresidentes y permitir que continúe ejerciendo el cargo cuando se encuentre fuera del territorio nacional.

Otro reclamo colectivo es prohibir la postulación de personas con antecedentes penales o graves denuncias en curso, así como de quienes han formado o forman parte de grupos terroristas.

El retorno a la bicameralidad sería un cambio extraordinario, porque permitiría no solo la doble instancia legislativa, sino que determinadas decisiones correspondan en exclusividad al Senado, como elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo o al Contralor General de la República.

En esa línea de modernización debe analizarse la renovación por tercios, el distrito múltiple y que la elección parlamentaria coincida con la segunda vuelta presidencial.

El flamante presidente del Congreso, Alejandro Soto, se ha comprometido a trabajar “por la recuperación de la imagen” de la institución. Hacerlo es absolutamente indispensable porque no pueden continuar encarpetadas graves y escandalosas denuncias que dan cuenta del tráfico de votos por obras –los llamados “niños” serían más de veinte– o de sujetos que obligan a sus trabajadores a que les entreguen una parte de sus remuneraciones.

Deslindar y sancionar es la tarea, pero también reducir al mínimo indispensable los viajes al exterior, prohibiéndoles cuando quienes financian los mismos tengan intereses en determinadas leyes, así como restablecer las sesiones presenciales y no virtuales como ahora es usual.

Restan tres años para los próximos comicios. Es un tiempo largo y extenuante en circunstancias que las instituciones están débiles o han implosionado y cuando existe un alarmante crecimiento de la delincuencia, mientras el narcotráfico y los remanentes del terrorismo siguen avanzando. A lo dicho debemos

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