Extremistas políticos, narcoterroristas y subcontratación de criminales urbanos

Desde hace años y especialmente en 2021 —antes de la llegada del prosenderista Castillo a la presidencia de Perú—, realizamos diversas evaluaciones, en este y otros espacios, sobre la posibilidad de que los conflictos políticos podían ir trenzándose —vía la contratación económica— con medios y operadores de origen criminal para elevar violentamente su intensidad. Valga una actualización:

Las antiguas amenazas y agresiones narcoterroristas en suelo peruano se focalizaron en la zona del VRAEM. Esta reducción hizo que muchos descartaran acciones ampliadas, fuera de este abrupto territorio. Y era esperable que esta amenaza tal cual se muestra hoy, prosiga así, focalizada.

Senderistas terroristas y narcotraficantes han estado actuando en beneficio mutuo durante años. Esto no es ninguna novedad. Desde casi mediados de los ochenta han cooperado sin escrúpulos. A este "matrimonio de conveniencia" es lo que se conoce también como narcoterrorismo (como ha caracterizado a las FARC, ahora con sus mal llamadas "disidencias", y al ELN en Colombia).

Durante mucho tiempo se dijo que detrás de éstas relaciones de cooperación ya no existían objetivos políticos. Así, los remanentes senderistas fueron etiquetados como simples "guachimanes" o "sicarios" del narcotráfico. Esto ha sido un error.

Sendero Luminoso de los Quispe Palomino nunca renunció a las proclamas político ideológicas. Tampoco a los afanes de consolidar nexos subterráneos con sectores políticos extraterritoriales (hay congresistas actuales procesados aún por vínculos con el narcosenderismo) que han apostado por la ruta electoral para acceder al poder legal. De esto se ha ido conociendo mucho gracias a las investigaciones policiales antiterroristas y de otras instancias de seguridad.

Hay en el VRAEM, una confluencia siniestra de objetivos políticos permanentes y económicos de terroristas en asociación con narcotraficantes.

Otro flanco de error ha sido el del relato del establishment de "especialistas' y cierta prensa con sesgos politizados, que instaló en la opinión pública la idea de que no había —ni habría— "terrorismo" en el VRAEM ya que no se atentaba contra la población civil.

No obstante, el extremismo violento y terrorista que obra en esa zona hace tiempo no menor, ejecuta operaciones contra los civiles. No solo, pues, han enlutado muchas familias de policías y militares (164 efectivos asesinados entre 1999 y 2019) sino además han atentado contra ciudadanos no uniformados.

2021 inició, por ejemplo, con el saldo de cuatro civiles (dos menores de 15 y 16 años entre ellos) muertos el mes de marzo en el centro poblado de Huarcatán, distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta (Ayacucho).

El salvaje asesinato del 23 de mayo del mismo año de entre 14 y 18 personas (entre hombres, mujeres y niños después calcinados) en la jurisdicción de Vizcatán del Ene, en la provincia de Satipo (Junín) en el VRAEM, perpetrado por una columna senderista del autonombrado "Militarizado Partido Comunista del Perú", reafirmó la tendencia de acciones terroristas contra civiles. Ahí pues los secuestros, desplazamientos forzosos de la población por miedo,  las amenazas de violencia  y los asesinatos selectivos retomaron forma. Las pulsiones de contornos políticos no han estado ausentes.

En 2021 el narcosenderismo debió haber estado preocupado y ansioso por el escenario político nacional; uno donde sus conectados podían –si prosperaban políticamente tal como ocurrió– lograr acceso directo al poder político oficial en la capital. Tanto en el Congreso como en el Ejecutivo.

¿Podía esta especie de coalición narcoterrorista con sincronizados objetivos políticos y crematísticos plantear desafíos violentos fuera de la zona del VRAEM? Es posible.

Como hemos señalado, es aún de muy baja posibilidad que las acciones terroristas directas y abiertas se repliquen en otras zonas del territorio nacional.

Lo que sí puede concretarse de forma paulatina es la subcontratación de criminales y delincuentes por parte de extremistas de la izquierda nacional y extranjera, conectados a fuerzas remanentes del narcoterrorismo, más allá de su zona de influencia. A ello se suma un incitador en potencia: la multimillonaria minería ilegal.

Estamos hablando de la coordinación y el financiamiento para perpetrar acciones de violencia política —como el terrorismo urbano o el terrorismo low cost— en paralelo a la violencia criminal. Una operatividad que penetra, se infiltra en las tensiones nacionales para activar desafíos violentos (incluyendo incendios y saqueos) articulados y sistemáticos. Estos actos vía la infiltración de las "protestas" para vandalizar o descarrilar la "conflictividad social".

Ante este escenario de riesgo y amenazas, los sectores ciudadanos que hoy buscan platear sus legítimas demandas, se obligan a denunciar y desmarcarse de estas grupos extremos que se infiltran e incuban la violencia y el caos.

Como ha venido sucediendo en diversa gama o intensidad desde el 2019 en Chile, Ecuador, Colombia... el resultado perseguible de estas fuerzas oscuras —incluso con ramificaciones transnacionales como los exportados del Tren de Aragua— es uno: el socavamiento progresivo de los sistemas políticos y económicos dentro de los países que les son adversos o poco propicios para sus proyectos de poder delictivos, ilimitados y dictatoriales.