¿Exministros políticos en la JNJ?
La Junta Nacional de Justicialista (JNJ) arrancó en 2019 para nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales en reemplazo del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM, creado nominalmente en 1979 y con cambios en su naturaleza en 1994). La JNJ también puede nombrar, renovar en el cargo o destituir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). ¿Quién nombran a la JNJ? Lo hace una comisión integrada por los titulares del Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y Tribunal Constitucional, así como un representante de las universidades públicas y privadas.
Los abogados que quieren ser miembros de esta institución deben cumplir varios requisitos (como tener un mínimo de 25 años de experiencia profesional y ser mayor de 45 y menor de 75 años). Dentro de los impedimentos, y aquí la observación que motiva esta breve columna, solo hay uno explícito y de tipo político: no pueden ser miembros quienes pertenecen a una organización política.
Hoy que empiezan a formularse cambios desde el Parlamento en relación a la evidentemente politizada JNJ, una medida importante y preventiva que ayudará a contrarrestar la injerencia política de cualquier organización partidaria es ampliar el impedimento a ser integrante de la JNJ a quienes han sido ministros de expresidentes involucrados en serios y pendientes procesos fiscales y judiciales. Es el caso, por ejemplo, de Aldo Vásquez, otrora ministro de Justicia de Ollanta Humala (y de la excogobernante Nadine Heredia) inmersos en esta condición. O de María Zavala también de la cartera de Justicia durante el régimen de A. García.
Conocida es pues la pugna política y de poder en torno al control del Ministerio Público. El Poder Judicial también es campo de disputas. Quienes creen que esto es solo resultado de “valiosas luchas contra la corrupción” está cayendo en una obvia ingenuidad. Lo que se presencia son escenarios creados (vía filtraciones y medios activistas) donde algunos caen y otros sobreviven dentro de un selectivo juego político que infiltra el sistema de justicia. Y nada indica que el juego se frenará. Por eso la opinión pública debe estar muy alerta viendo quiénes terminan imponiéndose en esta confrontación y a qué impunidades escogidas beneficia finalmente. Poco a poco se sabrá más sobre cómo estas pulsiones desde varios sectores en competencia han dado forma al actual tóxico contexto de judicialización política.
En adelante, colocar el impedimento —entre otros— a que exministros de expresidentes con vigentes procesos fiscales y judiciales sean miembros de la JNJ, puede reducir el riesgo institucional de una mayor manipulación política.
