¿Existe la OEA?

Los acuerdos adoptados en Washington durante la 53 Asamblea General de la OEA son prácticamente copias de los alcanzados en la 52 Asamblea General celebrada en Lima y estos, a su vez, poco difieren de anteriores eventos.

Una tediosa rutina burocrática que todos los años evade abordar los grandes problemas del hemisferio y, peor aún, guardan silencio ante asuntos sensibles vinculados a la democracia, la libertad y los derechos humanos.

Esta vez, los cancilleres que asistieron al opaco evento solo aprobaron un texto contra la dictadura de Ortega, causante de 370 asesinatos, torturas, deportaciones, asaltos a iglesias, clausura de medios de prensa y encarcelamiento de opositores, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por “traición a la patria” y, desde luego, ningún comentario sobre el éxodo –o huida– de 302 mil nicaragüenses a Costa Rica.

La aprobación del texto se retrasó porque el presidente Lula da Silva presionó para que “suavizaran” la declaración, una deplorable maniobra que recuerda que dos semanas atrás calificó de “demócrata” a Maduro, sosteniendo la infamia de que han construido una narrativa en contra suya. Lula del 2023, pues, continúa siendo el mismo protector de las tiranías de izquierda que el 2018 dijo que Hugo Chávez “sin la menor duda, es el mejor presidente que ha tenido Venezuela en 100 años” y que Nicolás Maduro conduciría “brillantemente al país al lugar soñado por el comandante”.

En Washington no han podido (o querido) debatir y pronunciarse acerca de la migración regional, con 7 millones 200 mil venezolanos errantes por el mundo; sobre la sistemática violación al principio de no intervención de los mandatarios de México y Colombia que atacan infamemente al Perú para proteger al golpista Pedro Castillo y bloquearon la entregar a nuestro país de la secretaria pro témpore de la Alianza del Pacífico.

Mutismo, asimismo, sobre la detención de centenares de manifestantes cubanos o sobre el informe de los fiscales de la Corte Penal Internacional imputando al régimen venezolano crímenes de lesa humanidad.

O, aún más, soslayaron el hecho gravísimo de que tres países del hemisferio –Venezuela, Cuba y Nicaragua– han ofrecido sus territorios a Rusia para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que mantienen relaciones diplomáticas plenas con el régimen tiránico de Irán y albergan a terroristas de Hezbolá.

En la OEA tampoco concertaron en relación al medio ambiente; armamentismo; la expansión del narcotráfico y de bandas criminales convertidas en una multinacional del crimen. Omitieron referirse, igualmente, al proyecto separatista del agitador cocalero Evo Morales, que pretende crear una República Independiente del Sur (Runasur) mutilando parte de Argentina, Bolivia, Chile y Perú, un plan subversivo en provecho de los carteles de las drogas.

Agrego: a Ortega no le importa la moción de la OEA porque se retiró de la organización el 2022 y sabe que todos los embajadores acreditados en Managua seguirán confraternizando con su gobierno, aunque siga asesinando a enemigos políticos y que los organismos multilaterales de crédito –CAF, Banco Mundial, FMI y BID– continuarán otorgándole empréstitos.

Ante ello, preguntamos: ¿es productiva una institución con mil empleados, 32 oficinas en la región y un presupuesto de 100 millones de dólares anuales, que cuenta con un Consejo Permanente integrado por 32 embajadores y realiza una Asamblea General cada año?

Los que arguyen que sí, sostienen que es parte de la diplomacia. Discrepo. Convivir con dictaduras solo las fortalece y legitima, haciendo de la impunidad una doctrina. Implica abdicar de principios y valores consagrados en la carta de la OEA. Pienso, en suma, que a los tiranos hay que aislarlos diplomáticamente, aplicar a sus gobiernos severas sanciones económicas, financieras y comerciales y combatirlos implacablemente en todos los foros. Solo así serán derrotados.

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