Ética de la información en la democracia mundial

Existe una preocupante tendencia global de retroceso democrático. Según el informe 2024 del instituto sueco V-DEM de la Universidad de Gotemburgo, el 71% de la población mundial vive en autocracias frente al 48 % de hace 10 años (hoy 23% más), proceso que afecta a más de la mitad de los 60 países que celebran elecciones nacionales en 2024, lo que puede convertir este año en “decisivo” para el futuro de la democracia mundial.
Entre los países más democráticos están, 1º Dinamarca, 2º Suecia, 3º Estonia, y en 9º lugar Costa Rica; en América Latina los niveles de democracia se vienen recuperando gradualmente, conforme avanzan en sus políticas de libertad de expresión e integridad de la información.
En las sociedades democráticas, caracterizadas por la libertad de expresión y el diálogo como medios para alcanzar consensos, la integridad de los espacios informativos es fundamental. El acceso a diversas fuentes de información, contar con medios de comunicación independientes y un discurso libre y basado en hechos son requisitos necesarios para promover un debate democrático informado y menos mercantilista.
En la actualidad, está ampliamente reconocido que la propagación de información falsa y engañosa, en ocasiones, difundida deliberadamente para engañar o confundir, desdibuja los debates públicos y alimenta la polarización, erosionando aún más el tejido social de las sociedades abiertas y debilitando la democracia.
La desinformación no es un fenómeno nuevo, pero la digitalización ha cambiado fundamentalmente su alcance e impacto. Las tecnologías de la comunicación hacen posible que cualquier persona con conexión a Internet produzca y distribuya contenido, pero sin la responsabilidad de adherirse a la ética y a los estándares periodísticos, académicos o científicos.
Si bien esta mayor accesibilidad proporciona un acceso sin precedentes al conocimiento y contribuye a fomentar la participación ciudadana y un periodismo innovador, también proporciona un terreno fértil para la rápida difusión de información falsa y engañosa. El desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial generativa puede amplificar aún más este problema.
La información errónea y la desinformación se ven exacerbadas por el aumento de los contenidos virales, impulsado por incentivos económicos y algoritmos de recomendación, que a menudo priorizan el valor de la información como una mercancía, en lugar de un bien público. Esto se produce a expensas del periodismo de calidad, que en la actualidad se enfrenta a crecientes presiones financieras y a entornos de alto riesgo. A ello hay que añadir que las nuevas tecnologías responden cada vez más a los factores psicológicos y conductuales, que subyacen en la forma en que las personas buscan, procesan y consumen información.
Esta nueva realidad ha actuado como un catalizador para que los gobiernos exploren más de cerca el papel constructivo que pueden desempeñar para reforzar la integridad del espacio informativo. La protección de la integridad de la información es esencial para salvaguardar la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y transmitir información e ideas.
Aunque los contextos de los países difieren, existen áreas comunes de interés y de acción. En primer lugar, los gobiernos deben cambiar gradualmente un enfoque de políticas ad hoc para contrarrestar las amenazas de la desinformación y adoptar un enfoque más sistémico, que refuerce la integridad de la información de una manera más amplia, involucrando a todos los actores de la sociedad.
En segundo lugar, los gobiernos deben garantizar que sus políticas están coordinadas, respaldadas por evidencia y sujetas a evaluaciones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento y eficacia. En este sentido, será importante identificar marcos temporales para la implementación y la evaluación de las políticas. Por ejemplo, es importante que las acciones políticas inmediatas, como la respuesta a crisis de desinformación, especialmente durante los periodos electorales, donde muchas veces se pone en duda los resultados de las elecciones (y con ello su validez) evidencien la integridad de los procesos en el marco del estado de derecho y la democracia.
Por último, los gobiernos no pueden resolver este problema por sí solos. El aprendizaje y asistencia entre Estados puede contribuir a mejorar las medidas políticas en los países democráticos que se enfrentan a problemas similares. Además, el fortalecimiento de la integridad de la información también requerirá que todos los actores que se hallan en la primera línea de los sistemas de información, a saber, el sector privado, los medios de comunicación, el mundo académico y la sociedad civil, asuman sus responsabilidades y actúen juntos en apoyo de la integridad de la información.

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