¿Estado incapaz?

Muy grave –y patético– lo expresado hace unos días por la titular del Poder Ejecutivo, Dina Boluarte, y la ministra Hania Pérez de Cuéllar, resaltando la incapacidad del Estado para proteger a su población frente a los embates de la naturaleza, hoy con un fenómeno meteorológico que ha afectado severamente a las regiones peruanas del Norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y amenaza a las más sureñas Áncash, Lima e Ica.

La primera espetaba el sábado, durante una visita a Tumbes, que "…gobernadores y alcaldes no tenían como afrontar de manera inmediata (los efectos del fenómeno natural) y, hay que decir la verdad, el Estado tampoco, no tenemos maquinaria, no tenemos motobombas. No tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales…".

Por su parte la ministra señaló que "…como Estado, no estamos en la capacidad de reaccionar ante fenómenos como Yaku (el pretendido ciclón) y … este gobierno ha recibido sectores, incluyendo el mío (Vivienda y Construcción) en ruinas…".

Sin mayor esfuerzo intelectual y algo de memoria es inevitable comparar cómo respondió el Estado -con prontitud y eficiencia- en 1997 frente al Fenómeno del Niño Costero y lo que ocurre hoy, y concluir que a partir del año 2001, gestiones de gobierno marcadas por la corrupción y la ineptitud no solo han impedido que el Estado destine al bienestar de su población o a protegerla de cíclicos desastres naturales los auspiciosos resultados económicos derivados de las reformas estructurales de los años 90, sino que han reducido la capacidad de ese Estado para generar el Bien Común.

Siguiendo lo expresado por Boluarte y Pérez de Cuéllar, hoy el Estado es más bien un ente nocivo, tanto o más como lo fue en la década de los 80, cuando el Perú estaba sumido en hiperinflación y devaluación mientras los peruanos, sobre todo los más humildes, eran agredidos y presenciaban aterrorizados cómo el aparato productivo del país quedaba destruido por las bandas criminales de Sendero Luminoso y el MRTA. Estos grupos terroristas fueron neutralizados en su nocividad violentista pero, sin duda, dejaron perniciosa contaminación en instituciones vinculadas a la generación de ideas y conductas como colegios y universidades y , sobre todo, infiltraron la propia administración estatal, nacional y subnacional.

Quienes reclaman una nueva Constitución sin siquiera poder mostrar un solo monopolio, pese a que niegan que la norma fundamental los prohíbe, son un triste ejemplo del retroceso que ha vivido el Perú en las últimas décadas por ineficiencia y corrupción.

Urge devolverle al Estado su capacidad de lograr el Bien Común.

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