¿Es posible derrotar la criminalidad?

Vivimos espantados con el “crecimiento” de la criminalidad. No hay un solo día sin extorsiones, homicidios, asaltos, etc. Por informaciones periodísticas se conoce que se han producido 640 homicidios en los primeros tres meses y medio del 2025; o sea, más de seis asesinatos por día. La ciudadanía está consternada y preocupada porque considera que el notable incremento delincuencial evidencia una real y objetiva ineficacia política gubernamental para garantizar la seguridad de la población, previniendo y combatiendo con efectividad la criminalidad, y adoptando medidas concretas de represión contra los delincuentes. Un hecho que incrementa la delincuencia es la falta de “visión” de gobernantes que “permitieron” el ingreso al Perú de oleadas de extranjeros, entre los cuales miles eran delincuentes y, además, actuaban en bandas internacionales.
Ante el cruel y nocivo incremento de la delincuencia, hay necesidad de implementar no solo medidas para prevenir el delito, sino también de adoptar acciones inteligentes, organizadas por el Ministerio del Interior, para combatir (y extinguir) la criminalidad; además de fortalecer a la Policía Nacional y exigir que el Poder Judicial y el Ministerio Público actúen sin dilaciones para procesar judicialmente a los autores de delitos detenidos por la P.N. Estas entidades son claves en la lucha contra la delincuencia. Además, debe incluirse la educación de la población para que, al mismo tiempo que organizadamente previene su seguridad, también combata a los delincuentes y respalde la acción policial.
Reiteradamente se ha pedido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo que se modifique el Código Penal, tipificando correctamente cada delito y fijando penas severas contra los delincuentes. Igualmente, se ha invocado que se actualice el Código Procesal Penal y se señalen plazos breves para cada acto procesal penal, y que se establezca la responsabilidad personal de los fiscales y jueces penales que no cumplan dichos nuevos plazos. Es imprescindible que dichos magistrados (de todos los niveles jerárquicos) no expidan resoluciones que, bajo diversas “motivaciones”, otorguen libertad a delincuentes detenidos antes de ser procesados y sentenciados; está probado que los “liberados” vuelven a las calles para continuar cometiendo más delitos.
Los delincuentes detenidos y/o sentenciados no deben ser sostenidos gratuitamente con dinero proveniente de las arcas fiscales. Deben sufragar su existencia mediante trabajo en los centros de reclusión. Es necesario edificar nuevas y seguras cárceles en las alturas andinas. Asimismo, debe normarse que los sentenciados, al concluir su condena, antes de salir en libertad, devuelvan los bienes a sus agraviados y paguen la reparación civil impuesta en la sentencia.

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