Es necesario desvincular la política de la justicia

Los últimos acontecimientos que han sacudido la precaria estabilidad política en el Perú, nuevamente, demuestran el grado de vinculación y/o dependencia que existe entre la forma de cómo se conduce o maneja el poder político y la acción de la justicia, cuando se trata de resolver controversias o conflictos derivados de conductas o comportamientos de quién o quiénes están obligados de actuar dentro del marco de la ley, con inevitable transparencia y, especialmente, con probidad.

La denuncias contra la Fiscal de la Nación y sus asesores más cercanos, así como las promovidas por la titular del Ministerio Público contra la presidente de la República y algunos de sus ministros y, asimismo, la decisión del Tribunal Constitucional viabilizando la puesta en libertad del expresidente Fujimori, han venido a sumarse a los hechos y conductas desarrolladas por los miembros del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que tienen un extremado bajo nivel de credibilidad o popularidad, es decir con un nivel de ilegitimidad sumamente alto por parte de la población peruana.

Puede ser o no cierto lo que ha motivado la denuncia contra las más altas autoridades del Ministerio Público, pero es necesario dejar que las investigaciones, tanto policiales como judiciales se lleven cabo sin ningún tipo de presión, venida de cualquier sector interesado; pues, si no fuera así, cualquier resultado que se tenga pierde objetividad y credibilidad. En ese sentido, la autonomía e independencia de la función jurisdiccional es indispensable, a fin de evitar que la decisión que al final se adopte no sea puesta en tela de juicio por parte de la opinión ciudadana.
De la misma forma, en cuanto a la denuncia contra los miembros del órgano Ejecutivo, es imprescindible que el Poder Judicial y el Congreso de la República, actuando dentro del marco de sus correspondientes competencias, por tratarse de ser las más altas autoridades de Estado, como lo prescribe la Constitución Política del Perú, deben de tomar decisiones alejadas de componendas que enturbien cualquier decisión que se tenga, y no poner en práctica el dicho “hoy por ti, y mañana por mí”, que tanto daño viene haciendo a la administración de justicia y a la imagen de los representantes parlamentarios.

Y, con relación al indulto del exjefe de Estado, cuya ejecución se ha visto nuevamente frustrada, igualmente, corresponde a las autoridades actuar y decidir con independencia y autonomía, dentro de lo prescrito por la norma constitucional y la normatividad nacional, sin estar sujeta a presiones internas y externas, que terminan por mantener un ambiente de incertidumbre y enfrentamiento social que produce una inestabilidad en la que, pareciera ser, que nuestra democracia no cuenta con los instrumentos necesarios que permitan evitarlo.
Los problemas del Perú, los resuelven los peruanos, con las normas jurídicas que regulan su atención, pero para ello los organismos o poderes del Estado deben actuar, efectivamente, con independencia, poniendo en práctica el principio de la “separación de poderes”, mejor entendida como principio de la “separación de funciones”. El Parlamento, legisla (norma y regula la conducta ajena, de los gobernantes y los gobernados); el Ejecutivo, administra (provee de recursos, medios y condiciones a la sociedad para que esta pueda satisfacer sus necesidades); y el Poder Judicial ejerce función jurisdiccional (es decir, resuelve las controversias o diferendos entre las personas o cuando estas contravienen las normas vigentes).

Hasta aquí, pareciera que todo está bien determinado, como ciertamente lo está (“en el papel”), pero el problema es que, como cualquier sistema, son las personas las que lo hacen funcionar para bien o para mal. En ese sentido, cuando son los intereses personales, de grupo o sector político los que se toman en cuenta para hacer funcionar un sistema, este se verá desnaturalizado y, en consecuencia, en lugar del interés general, será el interés particular que termine por lamentablemente imponerse. Para evitar que se produzcan situaciones no queridas se debe comenzar por dejar de politizar la justicia, y dejar de judicializar la política.

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