Ensuciando las elecciones
El fiscal José Domingo Pérez ha pedido al Poder Judicial la suspensión por dos años y medio del partido Fuerza Popular. Pérez sostiene que la agrupación “naranja” es una organización criminal dedicada al lavado de activos, por lo que debería desaparecer. Esta solicitud, que ocurre en plena campaña electoral -Martín Vizcarra ya convocó a los comicios generales para el 11 de abril de 2021-, busca dejar fuera de la contienda a FP. Esto es antidemocrático por donde se le vea: los fujimoristas tienen derecho a postular y sus simpatizantes, por consiguiente, a votar por ellos. No se puede, pues, proscribir a un partido político por supuestos delitos de sus miembros, y hay que recalcar la palabra supuestos porque aún no hay siquiera acusación formal contra Keiko Fujimori y “cómplices”.
Nadie con dos dedos de frente podría defender el vergonzoso papel de Fuerza Popular en el Parlamento (tras no aceptar la derrota de Keiko ante PPK, ¡pretendieron “gobernar” desde el Legislativo, y el resultado fue un descarado blindaje a otorongos y ninguna ley que destacar!), pero no por ello vamos a aplaudir su extinción, que debería darse solo si es que el pueblo deja de marcar la ‘K’ en las urnas. Ya antes algunos hemos reprochado la intentona fiscal de disolver al Partido Nacionalista, así que mi posición, para desdén de los neocomunistas tuiteros, no es novedad. Las instituciones no son criminales; las personas, sí pueden serlo.
Y si hablamos de ganas de embarrar las siguientes elecciones, no se puede dejar de cuestionar que la Comisión Chehade busque exigir seis meses como mínimo de militancia para postular. Esto, evidentemente, beneficiaría al dueño de Alianza Para el Progreso, César Acuña, y perjudicaría, a su vez, a eventuales candidatos como el exarquero Forsyth, el expremier del golpe Del Solar, el exministro humalista Urresti, entre otros. Ya el anterior Congreso había expresado que esta iniciativa de la Comisión Tuesta era inaplicable para los comicios del 2021, pero ya sabemos que este Parlamento es más nocivo que el anterior. Así, no tendría que sorprendernos que Omar Chehade, quien impulsa esta convenida medida y demás normas populistas como la eliminación de la inmunidad parlamentaria, es lo “mejorcito” que hay. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Así estamos.
Otrosí: Suscribo totalmente lo propuesto por Jaime de Althaus: ¡se debe conformar un ‘Comando Público-Privado’ para combatir la pandemia y reactivar la economía! ¿Qué está esperando, señor Cateriano?
