Enfoque constitucional del impuesto Netflix
El denominado impuesto NETFLIX es una tasa que comenzaría a cobrarse indirectamente a través de bancos o entidades financieras a las denominadas plataformas “streaming”, las mismas que trasladarían el incremento de la tasa a sus usuarios, quienes al final se verían impactados con el cobro. Aunque también se ha advertido que los paquetes de internet que venden los operadores telefónicos como parte de su oferta no se verán afectados, este nuevo impuesto abre la puerta a una necesaria y oportuna discusión sobre el impacto de este impuesto en los derechos.
El Estado tiene la potestad constitucional de crear, modificar y suprimir tributos cuyo producto lo emplea con la finalidad de brindar bienestar a la población, por lo que todas las personas naturales y jurídicas que realizan actividades económicas o comerciales en nuestro país están obligadas a tributar. Las empresas dueñas de estas plataformas digitales no deben ser la excepción; sin embargo, el principal problema es que no domicilian en el territorio nacional. Quizás lo que preocupa es el impacto que pueda generar en el usuario de estas plataformas streaming, cuando la empresa les aplique este cobro en su pago mensual por el uso de la plataforma, sobre todo porque herramientas digitales como Zoom, Meet o LinkedIn, que suelen ser usadas por profesionales, estudiantes y emprendedores, podrían perjudicar sus actividades diarias con la aplicación de este impuesto.
Libertades de nuestro sistema económico constitucional como la libertad de empresa, la iniciativa privada y la libertad de trabajo pueden resultar impactadas ante este intento por parte del Estado de tratar de expandir su base tributaria. Además, algunos derechos podrían verse restringidos, como la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la información o el derecho al trabajo, pues el espacio digital se ha constituido en un nuevo medio de realización de derechos fundamentales. Acceder a estas plataformas permite incluso realizar diligencias judiciales, campañas promocionales e incluso activismo político que favorecen la defensa de derechos y al desarrollo integral de las personas.
Por supuesto, es importante entender que también existen riesgos y peligros a los cuales nos enfrentamos en el espacio digital, estando expuestos al odio y a la violencia. Si no se cuenta con la regulación apropiada, pueden vulnerarse derechos como la integridad física y mental, el honor, la imagen o el derecho a la intimidad o la confidencialidad de las comunicaciones digitales. En este orden de ideas, quizás la aplicación de un impuesto sobre plataformas digitales sirva para la prevención de conductas como la ciberdelincuencia o como desincentivo a la piratería, que afecta los derechos a la creatividad personal y los derechos de autor. De otro lado, no hacerlo podría implicar un trato desigual a las empresas domiciliadas en el Perú que sí pagan sus impuestos y que proveen servicios similares.
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