Enfermedad terminal

Las nefastas decisiones del Congreso la semana pasada -desechar la fundada acusación constitucional de la fiscalía acusando a 4 congresistas de graves delitos y designar a Josué Gutiérrez defensor del Pueblo-, confirman que la fallida democracia peruana padece de una enfermedad terminal, irreversible.

Aunque obstinadamente muchos se niegan a reconocerlo, el sistema político peruano no puede ser reformado en el marco de sus propias reglas, que han sido utilizadas por delincuentes de toda laya para acceder al poder político y aprovecharse de él.

El caso del Congreso es ilustrativo. A estas alturas ya no hay ninguna duda de que está integrado por una mayoría de sinvergüenzas y forajidos, desde facinerosos que vendían sus votos para obtener puestos en el Gobierno y gestionar obras corruptas por cientos de millones de soles, hasta ladronzuelos que roban parte del salario de los trabajadores, pasando por violadores y bandidos de toda laya.

Entre la minoría que no encaja en ninguna de las categorías anteriores, son muy pocos los que agregan a un perfil de honestidad, conocimiento y capacidades de liderazgo. Hay algunos honrados débiles y vacilantes, que parecen perdidos, náufragos en medio de esa marea de inmundicias y detritos. Y otros que creen sentirse obligados a practicar una realpolitik, lo que suponen que es una política realista y que, al margen de sus intenciones, solo termina hundiendo más las instituciones en un descrédito absoluto.

Algunos analistas intentan descubrir la cuadratura del círculo proponiendo, por ejemplo, reformas electorales, que teóricamente podrían ser razonables, pero que en el contexto actual no resolverían nada.

Izquierdistas y caviares se desgañitan demandando “más participación” para mejorar el sistema, cuando ese aumento de la participación es una de las causas del desastre.

Por ejemplo, la inútil “democracia partidaria”, la votación interna en los partidos para designar a sus candidatos. En Acción Popular (AP), partido ahora capturado por una horda de malhechores, se aplicó el principio de un militante un voto. Y el resultado es el que se puede apreciar: los 4 acusados por la fiscalía son de AP.

Un típico caso es el de José Arriola –al que le encontraron fajos de billetes cuando allanaron su casa-, que fue número uno de la lista de AP en Lima. Poco antes de las elecciones internas en AP, se inscribieron cientos de trabajadores y beneficiarios de la municipalidad de Ate, donde ese sujeto era un oscuro funcionario. Ganó la elección interna y se convirtió en parlamentario, con el resultado conocido. Lo mismo con los otros “Niños”.

Desesperados y bien intencionados ciudadanos demandan ahora elecciones adelantadas para que el Perú se deshaga de esa lacra que infesta el Congreso, el Gobierno, los municipios y todas las instituciones. Probablemente el resultado sería igual o peor.

Aunque afecte los delicados escrúpulos de algunos, es evidente que solo una solución radical, que limpie el terreno y restaure las condiciones básicas para establecer una República viable, es lo que puede evitar el desastre total.

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