En el Poder Judicial y Ministerio Público también

Desde el año pasado públicamente se han formulado denuncias de actos ilícitos atribuidos al entorno del actual Presidente de la República y también a él y sus familiares. Igualmente se han imputado actos denominados de corrupción a algunos congresistas. Políticos que ocupan cargos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo son objeto de “denuncias”, comentarios y hasta “acusaciones”. El Ministerio Público se vanagloriaba que los investigaba.

Pero el cántaro seguía yendo por agua. Hace días se ha hecho público que el consejero instructor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Guillermo Thornberry Villarán, ha recomendado destituir a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, de su cargo de jueza titular de la Corte Suprema por la presunta contratación irregular de su exesposo Eduardo Laca Rivadeneyra en el Jurado Nacional de Elecciones entre el 2013 y 2018, suscribiendo contratos con el JNE pese a que la Ley de Contrataciones del Estado impide que familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de altos funcionarios contraten con el Estado. El 2013 la Dra. Barrios (que era jueza suprema) estaba aún casada (su separación habría sido el 2015 y su el divorcio se formalizó en 2020). En la Corte Suprema –indica Guillermo Thornberry– debieron denunciarlo porque los familiares de jueces supremos legalmente están impedidos de contratar con el JNE.
El mismo consejero de la JNJ Guillermo Thornberry ha propuesto se destituya al fiscal supremo –exfiscal de la Nación en 05/06/2015– Pablo Wilfredo Sánchez Velarde por la presunta contratación de su hijo Diego Sánchez Navarro en el Jurado Nacional de Elecciones el 2015.

Durante el prolongado lapso que ya se atribuía actos de corrupción en los Poderes Ejecutivo y Legislativo también ya era público los cometidos en el Poder Judicial por los “Cuellos Blancos del Callao”, en los que están involucrados jueces y fiscales y hasta hoy no son sentenciados.

Otro hecho significativo es que, en el Ministerio Público, pese a los años, hasta hoy no concluyen las acciones investigadoras a políticos corruptos y son pocos los que han sido objeto de acusaciones penales.

¿Podría decirse?: ¡en el Perú los tres Poderes del Estado están carcomidos por la corrupción! Es público. Miembros de esos poderes, aunque se consideren “soberanos” “distinguidos” e inalcanzables, no son “santos”. ¿Se les puede tener confianza? ¿A qué extremos ha llegado la corrupción?

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