Elefantes blancos
Se dice que, en algún momento, nuestro país será azotado por un terremoto de gran magnitud. Pensar en esa catástrofe produce escalofríos no solo por el evento en sí sino por la incertidumbre que genera la poca o nula capacidad del Estado frente a las emergencias. La COVID-19 puso a prueba al Estado peruano y su capacidad de respuesta se evidenció, sobre todo, en el acceso a la salud pública: hospitales colapsados, desabastecimiento de medicinas, recurso humano insuficiente, entre otros. Una emergencia de tal magnitud, como un terremoto, simplemente sería inmanejable, más porque no se cuenta con la infraestructura necesaria y debidamente implementada capaz de atender ese desastre.
Según la Contraloría General de la República, a diciembre de 2023, existen 2,298 obras públicas paralizadas a nivel nacional en los tres niveles de gobierno en 15 regiones principalmente: Apurímac, Amazonas, Arequipa, Piura, Puno y Ucayali, siendo las principales causas el incumplimiento de contrato y la falta de recursos financieros para seguir ejecutando los proyectos. De acuerdo con el portal web “Salud con Lupa”, entre estos, hay 23 obras hospitalarias a cargo del MINSA que llevan más de 6 años de paralización. Entre los casos más preocupantes se encuentra el hospital de Tingo María, con más de 11 años de construcción, en el cual se ha invertido más de 220 millones de soles y que, a pesar de presentar más del 76% de avance, presenta graves deficiencias en su ejecución.
Esta situación impacta directamente en el derecho a la salud de las personas, pues muchos de estos hospitales paralizados, por la cercanía, cubren la demanda de varios distritos. Es por esto que se debe priorizar el destrabe de las obras, sobre todo de aquellas a cargo de gobiernos regionales o distritales, donde se presentan este tipo de casos. Para esto, la mejora de los expedientes técnicos así como de las capacidades técnicas de los gobiernos a cargo de la ejecución es esencial; promover mecanismos de solución de controversias, además de claros mecanismos de control para combatir la corrupción, debe ser la prioridad.
Este último tema es el más preocupante, pues implica que los operadores de justicia deben hacer su trabajo en la oportunidad debida. El más escandaloso caso de corrupción del conglomerado brasileño Odebrecht aún no tiene una sentencia que determine la responsabilidad de los procesados mientras las consecuencias de la corrupción siguen privando a los peruanos del ejercicio de sus derechos fundamentales. En tanto no exista una sanción ejemplar, en tanto no se hagan las reformas necesarias que apunten a la transparencia de las compras y licitaciones públicas, la transparencia en las cláusulas de los contratos de concesión, si no hay una real intención de cambio, los elefantes blancos seguirán incólumes ante la necesidad y la urgencia de los peruanos.
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