El valor de decidir

La inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo económico y social del Perú. Hoy vivimos en un país donde el miedo ha desplazado a la confianza, donde los empresarios trabajan con incertidumbre, los transportistas son extorsionados, los comerciantes viven amenazados y las familias sienten que la violencia se ha instalado en sus barrios como una sombra permanente. Ningún país puede aspirar a crecer ni atraer inversiones si la delincuencia se convierte en su norma cotidiana.
La seguridad, en este sentido, no es un lujo ni un tema policial aislado; es la base estructural sobre la cual se construye toda actividad económica, social y humana. No obstante, también es cierto que el Estado ha intentado adoptar medidas fuertes para enfrentar este problema, algunas de las cuales han generado controversia, pero donde tal vez debió haber más apoyo que crítica, por lo menos para el análisis.
La propuesta de evaluar la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la posibilidad de aplicar la pena de muerte para delitos graves y comprobados, así como la construcción de penales de altísima seguridad, son temas que han polarizado a la opinión pública. Sin embargo, más allá de las posturas políticas o ideológicas, lo que no puede negarse es que el país requiere de nuevas acciones, firmes, técnicas y sostenidas para detener una ola criminal que se ha infiltrado incluso en los centros penitenciarios.
La actual infraestructura carcelaria, obsoleta y saturada, permite que desde las propias cárceles se sigan ordenando extorsiones, secuestros y asesinatos. Eso es inaceptable en cualquier Estado moderno.
A la par, el gobierno ha promovido normas destinadas a brindar mayor respaldo y seguridad jurídica a la Policía Nacional en el cumplimiento de su deber. Estas disposiciones buscan que los efectivos actúen con decisión frente al delito sin temor a ser posteriormente perseguidos por la justicia cuando obran en cumplimiento de su función.
Sin embargo, ciertos grupos han calificado estas normas como “excesivas” o “represivas”, desconociendo que su verdadero propósito es fortalecer la autoridad policial y restablecer el orden público. Cuestionar toda medida que busque empoderar a las fuerzas del orden no solo debilita al Estado, sino que, paradójicamente, atenta contra el objetivo final de garantizar una mayor seguridad para la población.
Por ello, resulta incoherente que como sociedad exijamos seguridad, pero al mismo tiempo rechacemos —sin análisis previo y de manera seria— toda medida que busque romper el statu quo. No se trata de aplaudir decisiones improvisadas, sino de respaldar propuestas nuevas, bien diseñadas y con sustento técnico que realmente ataquen el corazón del problema.
Hay una frase que lo resume con precisión: “si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados”. El Perú lleva años enfrentando la delincuencia con los mismos métodos, los mismos discursos y las mismas limitaciones legales. Y los resultados, a la vista, son más inseguridad, más miedo y menos desarrollo.
La lucha contra la criminalidad exige una combinación de firmeza y modernidad. Firmeza para enfrentar a las mafias con todo el peso de la ley, sin concesiones ni tibiezas. Y modernidad para incorporar inteligencia, tecnología, infraestructura penitenciaria adecuada y reformas judiciales que garanticen sanciones efectivas.
De nada sirve capturar delincuentes si luego son liberados por vacíos legales o por un sistema judicial colapsado. Tampoco sirve saturar cárceles si no se controla lo que ocurre dentro de ellas. La seguridad no se decreta: se construye, se planifica y se defiende con decisión política y coherencia institucional.
El país necesita entender que la seguridad ciudadana no es una tarea exclusiva del gobierno; es una responsabilidad compartida entre Estado, sector privado y la ciudadanía en general. No basta con exigir “mano dura” desde el discurso, por el contrario, es necesario respaldar con hechos las medidas que buscan recuperar el orden, aunque impliquen cambios estructurales o incomoden ciertos intereses.
La pasividad y el miedo colectivo solo fortalecen al crimen organizado. El Perú está en un punto de quiebre. O respaldamos políticas nuevas y técnicamente sustentadas que devuelvan autoridad al Estado, o seguiremos atrapados en la espiral del miedo y la extorsión. No se trata de ideología, sino de supervivencia nacional.
Quien defiende la seguridad defiende la vida, el trabajo y el futuro del país. Es momento de elegir de qué lado estamos: del lado del progreso o del lado de la resignación.

Por Carlos Posada Ugaz

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