El Tribunal Constitucional, ¿nuestro salvador?

Como la corrupción brasileña salpicó a todos los estamentos del Estado, el actual Tribunal Constitucional, máximo órgano jurídico en nuestro país, ha resuelto varios casos vinculados al escándalo Lava Jato. También han pasado por el TC el caso del fugado más astuto y envarado del país, Vladimir Cerrón; las corridas de toros, la suspensión del cobro de peajes en Puente Piedra, Patricia Benavides, exfiscal de la Nación defenestrada a la mala, y muchos más. El TC del 2020 justificó el golpe de Estado de Martín Vizcarra. El que no cae, resbala en esta importante institución.
Ahora está por resolver el demencial caso Cocteles, con el que comenzó esta historia de partidos convertidos en organizaciones criminales. Lo investiga el inepto fiscal Pérez y que incluye al grupo político Fuerza Popular (FP). Gracias a una justicia politizada, la lideresa de FP, Keiko Fujimori, estuvo un año y medio en prisión, sin justificación, y Pérez ha destruido el ordenamiento jurídico.
El TC ya puso en su sitio los desvaríos y la venalidad del fiscal Pérez. El nudo lo desató el abogado Arsenio Oré, implicado en el caso Cocteles cuando no tenía ni arte ni parte, menos testigos de su supuesta inconducta. Le demoró cinco largos años (el tiempo es uno de los grandes problemas que traen las falacias del fiscal Pérez), beneficiándose otros implicados que tampoco tenían responsabilidad.
Día a día, vemos impávidos la gigantesca politización del Poder Judicial y del Ministerio Público y sufrimos la impotencia de no poder hacer nada. El Congreso, bastante corrupto (hay gente honesta), se desentiende de lo que ocurre en las instituciones judiciales. No propondrá una reforma de la Fiscalía y no tiene el respeto de la ciudadanía. El Ejecutivo, menos; es un gobierno sin liderazgo y débil, prefiere no meterse. El Ministerio Público, que no respeta ningún fallo, no se va a autoreorganizar. Lo único que queda es voltear los ojos al Tribunal Constitucional.
Keiko Fujimori ha pedido ante el TC que se anule el absurdo caso Cocteles. Sostiene que hasta el 2016 recibir aportes para la campaña electoral no constituía delito de lavado de activos. Esa ley vino después. El TC le ha dado 10 breves días al inepto fiscal Pérez para que sustente sus alegatos.
Recordamos a Alan García, cuando, acertadamente, le espetó a sus perseguidores judiciales: “¡Demuéstrenlo pues, imbéciles!”. Ya el Poder Judicial sentenció que Pérez no tiene argumentos, menos pruebas de que Fuerza Popular es la organización criminal de Al Capone II. Abusivamente, este siniestro fiscal tiene más de siete años a cientos de personas acusándolas de delitos inexistentes y criminalizando a los partidos políticos.
Si el caso Cocteles fenece, nos libraremos del tramposo Equipo Especial, de los fiscales Vela y Pérez y de su abusivo andamiaje legal. Será un respiro para nuestra débil democracia, para que no continúe en manos de la organización criminal que ha asaltado la Fiscalía. Veríamos el inicio del fin de una época aciaga que ha hecho de la ley cera y pabilo.
Y por qué no —soñar no cuesta nada—, tal vez el TC le aclare también a la fiscal de la Nación que no es alguien superior como para irrespetar la ley abiertamente cuando los fallos no le convienen. El país está en sus manos.

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