El tren de los conflictos que no deben existir

La política origina competencia entre los que participan en ella, pero el respeto a los habitantes debe hacer que esta competencia no afecte las necesidades de las poblaciones. Lo que está ocurriendo con el tren Lima-Chosica, cuyo servicio contribuirá a satisfacer parte de las necesidades de transporte que tienen quienes requieren movilizarse entre estas dos urbes, es un ejemplo de una competencia que puede perturbar el justo derecho que tienen los ciudadanos de contar con un transporte rápido, eficiente y a un costo razonable.
Este tren ha generado una competencia política entre dos grupos que, eventualmente, podrían pretender ser el próximo gobierno. Al grupo que gestionó la donación del tren —vinculado a la Municipalidad Metropolitana de Lima— le conviene que se inaugure cuanto antes. Mientras tanto, el otro grupo, afín al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que se vería políticamente desfavorecido por una inauguración inmediata, parece querer postergarla.
Es importante tener presente que este ferrocarril generará importantes ahorros y beneficios para los pobladores de las zonas por donde opera. Sin embargo, la población que necesita contar con este servicio, es decir, con un transporte ágil y de precio justo entre Chosica y Lima, no tiene forma de saber con certeza si la razón está del lado de quienes desean inaugurar el tren este año, o de quienes buscan retrasar su funcionamiento.
Esta incertidumbre puede tener como consecuencia que los votantes reaccionen en contra de toda la clase política. Podría ser, incluso, que esta situación sea una de las razones por las cuales ciertos sectores de izquierda evitan pronunciarse al respecto.
Un inicio de operaciones de este servicio determinado por intereses políticos y no técnicos constituiría un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque no se estaría utilizando el dinero del Estado para satisfacer las necesidades legítimas de los peruanos, sino para hacer proselitismo político, con el objetivo de obtener votos y alimentar ambiciones personales. Estas aspiraciones deberían financiarse con recursos propios, no con el presupuesto público.
Resulta paradójico que quienes en su momento afirmaron que el tren “no servía”, ahora sostienen que sí debe funcionar, pero recién dentro de tres años. Me pregunto entonces: si no sirve, ¿cómo es que va a funcionar dentro de tres años?
Todo parece indicar que, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aquellos que desean que el tren funcione el próximo año están poniendo obstáculos para que no inicie operaciones este año. Esto revela, lamentablemente, que las decisiones de infraestructura tan relevantes para la ciudadanía pueden verse contaminadas por cálculos políticos que poco o nada tienen que ver con el bienestar de la gente.
No quiero terminar sin referirme al viejo refrán que resume con claridad lo que ocurre:
“A quien le caiga el guante, que se lo chante”.

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