El tiempo, la indolencia y la corrupción…

Nunca puse mucha atención sobre la anormal concepción, planificación y ejecución de una obra pública, tal vez porque, al ver que la población, resignada a ese tipo de situaciones, no protestaba, sino que, al mejor estilo de Paco Yunque, esperaba pacientemente los golpes nocivos que recibiría en lugar de los beneficios prometidos, con garantes del Estado que ni controlaban ni garantizaban nada; nosotros tampoco decíamos casi nada y apostábamos por la esperanza de que algún día la obra se hiciera realidad.
Era, y parece que sigue siendo, normal que, al concebirse un proyecto determinado para convertirse en obra pública que beneficie a uno o más sectores de la población, la elaboración del expediente técnico con los estudios respectivos tardara entre cinco y diez años. Si, terminado y aprobado el expediente técnico, se contaba con el respectivo presupuesto, comenzaba el vía crucis de la adjudicación de la obra para su ejecución por el ganador de la licitación respectiva, que hasta podía consorciarse con otros proveedores para garantizar la fortaleza económica, financiera y tecnológica ofertada.
Este concurso público casi siempre se producía luego de otro lustro, una o varias décadas después de la aprobación del expediente técnico, hecho que ya había provocado la obsolescencia de los estudios contenidos en este, porque el crecimiento demográfico, normalmente explosivo, modificaba todos los factores relativos a territorio, demanda de servicios, vías de tránsito y comunicación, costos y tecnología, de modo que una obra ejecutada a destiempo, en base a expedientes técnicos y estudios desfasados, en vez de solucionar el problema que se quería resolver hacía diez años, ya se había multiplicado geométricamente, por lo que cualquier obra así concebida y ejecutada devenía en diminuta e inútil.
Ejemplos recientes sobran; mencionaremos algunos como el viaducto del óvalo Monitor, que no aportó ninguna solución al espeluznante tráfico que se produce en la avenida Javier Prado en hora punta. La construcción del primer tramo de la Línea 2 del Metro, que provocó el cierre parcial, con efectos totales, de la Carretera Central, afectando por más de cinco años el comercio y la industria de toda la zona, hecho que dio lugar a que comerciantes e industriales se organizaran para interponer demandas indemnizatorias contra la constructora y el Estado, para resarcirse de sus pérdidas económicas y hasta de su salida del mercado.
Hospitales, colegios, carreteras y obras de saneamiento, con estudios técnicos defectuosos, pésima planificación de ejecución y cláusulas contractuales muy permisivas, quedaron paralizados luego de ingentes pagos hechos por el Estado con apariencia de legalidad, pero que, después de cierto tiempo, han dado lugar a procesos por una generalizada corrupción, con un sistema de justicia que tuvo que crear una especialidad cuya capacidad ya ha sido desbordada.
Ahora, nuestro —queríamos que así fuera— emblemático nuevo aeropuerto, con estudios terminados en los noventa, adjudicada la concesión en el 2001, ha sido inaugurado este mes, luego de 24 años de ejecución, con operaciones muy cuestionadas. El resultado: una calamidad inicial.

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