El TC y la presunción del nexo de causalidad

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional aborda la problemática de la contaminación ambiental y su impacto en la salud de los trabajadores mineros del complejo metalúrgico de la provincia de Yauli La Oroya, expuestos diariamente a contraer enfermedades respiratorias crónicas quienes muchas veces no podían acceder a una pensión de invalidez ante la imposibilidad de poder acreditar el nexo causal entre la labor desempeñada y la enfermedad profesional diagnosticada.

Particularmente, creo que el análisis realizado por el Alto Tribunal constituye un aporte interesante en torno a la aplicación de un trato diferenciado a partir de una regla especial para favorecer el derecho a la pensión de los trabajadores mineros de servicios de apoyo del mencionado complejo metalúrgico.

El precedente de observancia obligatoria cita una serie de estudios y artículos de investigación que sustentan la alta contaminación por minerales tóxicos en el aire que impacta gravemente en la población residente de la ciudad de La Oroya, principalmente afectada por el alto índice de contaminación de plomo, cuyas víctimas más vulnerables son los niños, las madres gestantes y los trabajadores que participan directamente en la extracción o el procesamiento de minerales. Además, se advierte la responsabilidad de la empresa Doe Run en la implementación del PAMA, lo cual no habría logrado controlar la contaminación, llegando incluso a superar los niveles máximos de contaminación establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

Este es el argumento principal que sustenta la presunción del nexo de causalidad a favor de los trabajadores mineros del complejo metalúrgico de la provincia de Yauli La Oroya, que no solo participen directamente en la extracción o el procesamiento de minerales sino también en servicios de apoyo a dichas actividades, conservando así su línea jurisprudencial en la materia. El principal problema que enfrentan los trabajadores mineros que desempeñan labores de apoyo profesionales vinculadas a las consideradas de riesgo, es demostrar el nexo causal entre las enfermedades respiratorias que contraen y la labor desempeñada, lo cual debe ser acreditado por el informe de una Junta Médica, con la finalidad de poder acceder a la pensión de invalidez, siendo muchas veces rechazadas sus solicitudes tanto en el sistema público como privado.

Es importante señalar que, debido a que el Tribunal resuelve una problemática real en torno a los derechos de los trabajadores mineros aplicado a una jurisdicción territorial específica, las reglas creadas no podrán aplicarse a casos análogos. Finalmente, se hace necesaria la adecuación de la norma que contiene el listado de actividades de riesgo, así como también genera una posible alerta ante posibles cambios en las modalidades contractuales de los trabajadores que desempeñen este tipo de actividades por parte de la empresa para evitar la carga económica a futuro. Veamos qué sucede.

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