El TC y la cultura política
Qué difícil es hablar de cultura política en un país con un sistema de partidos de alta fragmentación electoral y que no genera empatía con la ciudadanía, careciendo de representatividad. La polarización política que vivimos es el resultado del debilitamiento institucional y destrucción de los partidos políticos, producto de reformas impulsadas por apetitos políticos del mandatario de turno, Martín Vizcarra, actualmente purgando prisión preventiva por haber recibido sobornos cuando era gobernador de Moquegua.
La justicia constitucional no es ajena a estos enfrentamientos entre poderes del Estado, por lo que resulta importante reflexionar sobre el rol que cumple el Tribunal Constitucional en tiempos de conflictividad social y política.
El Tribunal Constitucional, más allá del impacto de sus resoluciones en la relación Estado-ciudadanía, la construcción moral de sus fundamentos aporta al fortalecimiento dogmático institucional.
En tiempos de conflicto entre poderes, el supremo intérprete de la Constitución trasciende de lo jurídico a lo político, cumpliendo un rol pacificador. En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción constitucional es una pared frente a los regímenes autoritarios y responde a la necesidad de crear jurisprudencia interpretativa de las cláusulas constitucionales cuyo objetivo es organizar, así como distribuir funciones y competencias.
En su última sentencia, el Tribunal puso fin al debate existente en torno al alcance de la inmunidad presidencial. Más allá de la precisión deontológica de la figura, lo que ha hecho es poner un freno al desbocado ejercicio de las competencias de un Ministerio Público que se excede en las investigaciones referidas a la más alta investidura del país.
El colegiado no ha desconocido su potestad constitucional de investigar, pero sí ha precisado que esta debe conducirse al amparo de su finalidad constitucional en beneficio del interés público y no como medio de la instrumentalización política.
Si bien en un sistema presidencialista es importante garantizar una inmunidad reforzada en razón de la alta investidura presidencial, esto no significa que el mandatario pueda estar exento de cuestionamientos. La impunidad es intolerable y contraria al Estado constitucional de derecho.
De otro lado, es comprensible la discrepancia con la sentencia por cuanto ordena el archivo de las carpetas fiscales abiertas contra la mandataria Dina Boluarte; sin embargo, debemos entender que no se puede personalizar la justicia ni convertirla en medio de venganza o persecución.
Lo que sí sería saludable, en tiempos actuales, es una oportuna reforma constitucional del artículo 117 de la Constitución para incorporar graves delitos como los relativos a la corrupción o los delitos contra la administración pública.
Un último aspecto importante es que los poderes estatales cumplan a cabalidad su finalidad y que todos sus actos se enmarquen en el ordenamiento jurídico constitucional. Sobre todo en lo que a producción legislativa se refiere. Promulgar leyes que deriven en inconstitucionales o que, en su aplicación, sean desestimadas por los jueces al someterlas al control difuso, solo contribuye a exacerbar la crisis de legitimidad institucional.
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