El sometimiento a la agenda 2030 constituye delito de traición a la patria

El que practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma, comete delito de traición a la Patria, artículo 325 del Código Penal.

Cuando el artículo 117 de la Constitución considera el delito de traición a la Patria como uno de los graves crímenes contra la nación por los que se puede acusar al Presidente de la República durante su mandato, y por el cual procede la suspensión del mandatario según el artículo 114, es porque estos delitos ameritan medidas urgentes para devolver el orden y la seguridad a la República.

El Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, ha tipificado en sus artículos 6 y 7 los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, incorporados en el Código Penal en su artículo 319:
-Delito de genocidio es el conjunto de actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, bajo las siguientes modalidades entre otras: matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir nacimientos.
-Crímenes de lesa humanidad son los actos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, entre otros: asesinato; exterminio; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; esterilización forzada; otros actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, como la vacunación forzada, o muerte civil.

El sometimiento del gobierno a la Agenda 2030 constituye delito de traición a la Patria, porque su objetivo es someter al Perú al dominio del gobierno mundial de la ONU, con los agravantes de concurrir delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2020 bajo la presidencia de Vizcarra, Sagasti y Castillo, para reducir la población y someter a los sobrevivientes a una dictadura mundial mediante control digital, a cuyo efecto se les ha inoculado códigos MAC de identificación, contra su voluntad. Crímenes que se han denunciado con pruebas científicas ante la Fiscalía y el Congreso.

Es su responsabilidad cumplir con sus deberes constitucionales, lo que abrirá al Perú la puerta hacia la libertad.

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