El sistema de justicia en la mira…

Se ha convertido en una convicción funcional al interior de cada institución del sistema de justicia y en una aspiración nacional de que la autoridad y legitimidad social de cada una de aquellas debe surgir desde su estructura interna y no por el apoyo de los amigos políticos en los demás poderes del Estado, porque si los fiscales y jueces se sienten felices por el sustento político que le brindan el Ejecutivo y el Legislativo, entre otros, contando a la corriente oenegera caviar que infiltra y manipula, entonces no podríamos hablar de autonomía real y, sin ésta, de garantías mínimas de independencia al momento de resolverse algún conflicto o en las investigaciones penales a cargo de la fiscalía con su brazo operativo dentro de la Policía.

Cuando los máximos órganos de administración y gestión no actúan de modo coherente para armonizar los conceptos de planta y trabajo con los insumos que pueda aplicar con los fondos presupuestarios asignados, el desorden interno se vuelve inmanejable, la carga de trabajo desborda la capacidad de los operadores internos y disminuye la calidad y justicia de las decisiones de modo que el servicio llega al consumidor final, el ciudadano, con una cuestionable calidad y con un costo mayor que el beneficio.

Esto sucedió cuando a partir de 2005, aproximadamente, algún presidente de la Corte Suprema y su Consejo Ejecutivo decidió crear nuevos Distritos Judiciales en Lima, pero sin contar con presupuesto ni planes y definiciones sobre estructura en locales, puestos de trabajo y tecnología, razón por la cual dispusieron la fragmentación de la estructura de personal, equipos y mobiliario en general en la Corte Superior de Lima para trasladarlos a los improvisados locales de las nuevas Cortes creadas sin respaldo alguno, incurriendo en el dicho de “vestir a un monje desvistiendo a otro”, con lo que provocó que la Corte de Lima ingresara en una crisis estructural con saturación de carga procesal, retardos inaceptables que, a su vez, provocaban fallos apresurados y sin mayor análisis, sucediendo lo mismo en las nuevas Cortes creadas en donde la demanda oculta de justicia desbordó en poco tiempo la endeble infraestructura instalada en ellas. Esta situación contagió a la Fiscalía que también enfrentó el mismo problema, así como a la PNP con equipos insuficientes.

En este desorden empezó a hacerse visible cierta inexplicable priorización en la atención de procesos judiciales e investigaciones fiscales en desmedro de otras, seguidas de escándalos por denuncias de influencias externas a favor o en contra de alguna de las partes procesales, extendiéndose la percepción objetiva de la existencia real de dicha situación porque resultaba más que notoria la lesión al principio de igualdad ante la ley y a igual razón, igual derecho cuando las decisiones fiscales o judiciales no tenían la misma severidad ante diferentes sujetos vinculados en hechos similares.
Ahora todos hablan de reforma desde afuera y ni el PJ ni la Fiscalía proponen nada desde adentro.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.