El rol de los medios en el caso Odebrecht: ¿informar o encubrir?

El acuerdo de colaboración con Odebrecht no solo simboliza un fracaso político, jurídico y económico para el Perú, sino que también expone la preocupante complicidad de ciertos sectores mediáticos que, en lugar de actuar como vigilantes de los intereses nacionales, se convirtieron en cómplices de un sistema diseñado para proteger a los corruptos. Medios influyentes como el Grupo La República, el Grupo El Comercio y RPP no solo minimizaron los cuestionamientos hacia este acuerdo, sino que en muchos casos lo defendieron, contribuyendo así a una narrativa que terminó perjudicando gravemente al país.

La labor de los medios: del escrutinio al silencio cómplice
Los medios de comunicación tienen el deber de actuar como garantes de la transparencia y de la rendición de cuentas, especialmente en casos de corrupción de tan alto impacto como el de Odebrecht. Sin embargo, en lugar de cuestionar un acuerdo evidentemente desventajoso para el Perú, algunos medios se dedicaron a justificarlo, promoviendo la idea de que era “la mejor salida” para enfrentar el escándalo. Esta narrativa, repetida y amplificada, desvió la atención pública de las irregularidades en el proceso y de los beneficios desproporcionados otorgados a una empresa que saqueó el país.

El caso de La República es emblemático
Este medio, que durante años se presentó como un adalid de la lucha contra la corrupción, optó por cubrir de manera superficial los puntos más controversiales del acuerdo. Más allá de algunos titulares aislados, evitó profundizar en las críticas hacia el manejo de la reparación civil o la exclusión de proyectos clave, como si su función fuera más proteger intereses políticos o empresariales que informar a la ciudadanía.

El Grupo El Comercio tampoco quedó exento de críticas
Con una red de publicaciones que domina gran parte del espectro informativo nacional, tuvo la capacidad de marcar agenda y poner el foco en las falencias del acuerdo. Sin embargo, optó por una cobertura tibia, con análisis que, en muchos casos, se alinearon con las versiones oficiales. El resultado fue una falta de presión mediática que permitió que el acuerdo avanzara sin las modificaciones necesarias para proteger al Estado peruano.

Por su parte, RPP, una de las plataformas radiales más escuchadas en el país, tuvo un papel aún más preocupante. En lugar de liderar un debate público riguroso, muchas de sus coberturas priorizaron las opiniones de quienes defendían el acuerdo, minimizando a voces críticas que alertaban sobre las implicancias negativas de este convenio. Al parecer, la línea editorial estuvo más preocupada por no incomodar a sectores de poder que por representar los intereses de la ciudadanía.

¿Por qué callaron? La sombra de los intereses privados
La actitud de estos medios lleva inevitablemente a cuestionar sus motivaciones. ¿Por qué organizaciones que supuestamente defienden la libertad de prensa y los derechos de los ciudadanos eligieron un rol pasivo, cuando no directamente favorable a Odebrecht?

No es un secreto que muchas de estas empresas mediáticas tienen vínculos con grupos de poder económico y político que podrían haber sido afectados por una cobertura más crítica. También es conocido que grandes conglomerados mediáticos dependen en gran medida de la publicidad estatal y privada, lo que los hace vulnerables a presiones externas. ¿Acaso la dependencia económica de estos medios influyó en su decisión de no confrontar un acuerdo que a todas luces perjudicaba al país?

El daño de la desinformación y la omisión
La falta de una cobertura crítica no es solo un error periodístico; es una traición a la sociedad peruana. Al omitir deliberadamente cuestionamientos y al promover una narrativa favorable al acuerdo, estos medios contribuyeron a que se instalara en la opinión pública una percepción errónea: que el acuerdo con Odebrecht era una solución justa y necesaria.

Esta desinformación tuvo consecuencias tangibles. Por un lado, desmovilizó a la ciudadanía, que no tuvo acceso a información completa para exigir cambios en el proceso. Por otro lado, legitimó la actuación de un Estado que se mostró incapaz de defender los intereses nacionales.

Un llamado a la autocrítica y la rendición de cuentas
Los medios de comunicación que fallaron en su deber de informar deben asumir su responsabilidad. No basta con publicar editoriales ocasionales o con deslizar críticas a posteriori; es necesario que reconozcan su papel en un caso que no solo afectó las arcas públicas, sino que también socavó la confianza en las instituciones peruanas.

Asimismo, es crucial que se revalúe el modelo de financiamiento de los medios en el país, para garantizar su independencia de los grupos de poder que buscan influir en la agenda informativa. Solo así se podrá evitar que, en el futuro, los medios actúen nuevamente como cómplices de acuerdos que atentan contra los intereses del Perú.

El rol del ciudadano frente a los medios
En última instancia, la ciudadanía también tiene un papel que desempeñar. Es urgente que los peruanos exijan una prensa que sirva a sus intereses, y no a los de las élites económicas y políticas. La información es un derecho, no un privilegio, y los medios que se niegan a cumplir con su responsabilidad deben ser señalados y cuestionados públicamente.

El caso Odebrecht es una lección amarga sobre el daño que puede causar la corrupción, no solo en las instituciones del Estado, sino también en los guardianes de la verdad. Si el Perú quiere avanzar hacia un futuro más justo y transparente, la prensa debe estar a la altura del desafío. No se puede permitir que el silencio y la complicidad mediática sigan siendo parte del problema.

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