¡El remedio podría ser peor que la enfermedad!

El título de esta columna, un sabio refrán, busca alertar a la opinión pública sobre la iniciativa legislativa impulsada por el Ejecutivo para autorizar a la presidenta Dina Boluarte desempeñar sus labores de Estado en forma remota cuando esté fuera del país, a falta de vicepresidentes, como si se tratase de mero despacho, es decir trabajo administrativo y no de funciones de la más alta magistratura, jefe de Estado, porque así se lograse el consenso necesario para que el proyecto vea la luz del día en el Congreso, éste necesariamente debe pasar por una reforma constitucional, la cual sabemos es rígida, requiere de la votación favorable de dos legislaturas ordinarias o de una extraordinaria más un referéndum, luego entonces, no puede hacerse de forma exprés como parece venderse que ocurriría.

Y es que en la consabida estrategia del “toma y daca” de la clase política que nos gobierna, se abriría peligrosamente una puerta para que conjuntamente con la citada iniciativa se filtren otros temas de contrabando que modifiquen nuestra carta magna, sujetando el voto de las bancadas opositoras al actual régimen con alguna reforma constitucional que saben no lograrían por su limitado número de escaños.

Hay por ejemplo el peligro latente, visto varios proyectos de ley en este Periodo Parlamentario, que se meta entre los palos la potestad de destituir vía acusación constitucional a los titulares de los entes electorales ONPE, JNE y Reniec, lo que desde mi punto de vista resulta inaceptable para la separación y autonomía de los poderes y organismos públicos; ningún Congreso en el pasado se atrevió a tanto.

El Principio de Oportunidad no solo es de uso jurídico sino también político y respirando, como respiramos los peruanos, aires de inestabilidad política, no resulta conveniente que la Presidenta de la República se ausente del territorio nacional para cubrir agendas diplomáticas, que no dudo sirva para mejorar la imagen del país que mantiene vigente a la democracia como forma de gobierno, porque se ha impuesto en el extranjero una peligrosa narrativa de que nos encontramos bajo un régimen usurpador, con una mandataria impuesta a dedo por grupos de poder, que no responde a una sucesión prevista por nuestra Constitución y que por tanto el golpista Pedro Castillo de aprendiz de dictador ha pasado a ser prácticamente un mártir de la democracia, francamente.

La explicación que se ha escuchado de los voceros del Gobierno es que se necesita responder a las falacias de los presidentes López Obrador y Gustavo Petro que desconocen la legitimidad de Boluarte y se niegan a entregarle la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico. ¿Cambiará el panorama estando ella en el extranjero?

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