¿El pueblo está en el Gobierno?

Una batahola de críticas ha generado lo expresado por el candidato presidencial Pedro Castillo durante un mitin en Espinar en marzo en la primera vuelta, sobre “Desactivar la Defensoría del Pueblo”, hecho que dentro de la polarización existente en el país ha logrado que se unieran de todas las tendencias políticas para expresar un enérgico rechazo a siquiera la insinuación de atentar contra una de las pocas instituciones estatales que goza de mayor credibilidad y que además fue creada (con la Constitución de 1993), según ellos mismos lo señalan, como “un colaborador crítico del Estado”, no un enemigo de éste, que goza de autonomía e independencia de cualquier otro poder público o privado en su mandato de defender los derechos humanos de la ciudadanía, supervisar el cumplimiento de los deberes del sector público y los servicios básicos prestados a la población.

Si bien el candidato en las últimas horas vía Twitter ha aclarado que no pretende desactivarla sino “reforzarla”, la impresión que nos deja es que se está a la espera del efecto de sus propuestas dichas aparentemente “en caliente”, para luego pronunciarse ratificándose o reculando de éstas, como es el caso, porque oportunidad tuvo de zanjar el tema en las múltiples veces que la prensa lo abordó en sus actividades públicas del miércoles, donde salió a la luz el citado mitin y que estimamos era necesario hiciere dada la envergadura de lo expresado, no es poca cosa ofrecer cerrar el organismo defensor de los derechos humanos de un país. Lo rescatable es que la condena pública a esta pretensión, creemos, hizo volverse sobre sus pasos al candidato, aunque mediando un tiempo para ello.

No se entiende cómo una propuesta de izquierda que busca un Estado fuerte, con mayor protagonismo de éste sobre los destinos del país, busque más bien debilitarlo, al hablar de cerrar o interferir sus propias instituciones (aunque después se matice lo dicho), varias de ellas necesarias en el “equilibrio de poderes”, en virtud de que una democracia no permite la concentración del poder político en una sola entidad, en este caso el Ejecutivo; la independencia y, en su caso, autonomía de sus organismos, son la garantía para cerrarle el paso a autocracias o tiranías que pudieran llegar a ser Gobierno, cualquiera fuere su ideología.

Lo manifestado en Espinar por Pedro Castillo, aunque aclarado después, nos remontan a unas que formulara Evo Morales, al asumir el cargo de Presidente de Bolivia en mayo de 2010, pidiendo al Defensor del Pueblo defender al Ejecutivo en sus acciones, teniendo este criterio: Que si Evo era del pueblo, en consecuencia “el pueblo está en el Gobierno”. Esta reminiscencia esperemos no se replique en el Perú, por lo cual respaldamos el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo al cierre de esta columna, demandando a los candidatos presidenciales “respetar la autonomía de sus competencias constitucionales”. ¡Que así sea!

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